BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. c/ LOGINTER Y OTROS s/S/EJECUTIVO

Actor (ejecutante): Acreedora titular de pagarés expresados originalmente en dólares estadounidenses, transformados a pesos a partir de la ley 25.561.

Demandado (ejecutado): Deudor que interpuso el recurso extraordinario.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de pagarés, con aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER) sobre la obligación transformada a pesos.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que dispuso la aplicación del CER y declaró la constitucionalidad del artículo 11 de la ley 25.561 y del decreto 214/02. La Procuración General dictamina que corresponde rechazar el recurso extraordinario.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Los jueces de Cámara sostuvieron que, al haberse expresado la obligación en dólares y transformado a pesos a partir de la ley 25.561, la aplicación del CER prevista por el decreto 214/02 resultaba ajustada a derecho. Agregaron que "no puede interpretarse que la aquí ejecutante resulte bonificada por la aplicación del mencionado coeficiente pues, en rigor, la acreedora era titular de un crédito en dólares, de modo que el cálculo del CER constituye una compensación parcial de la pérdida de valor intrínseco del capital derivado de la pesificación y la devaluación de nuestra moneda."

Señalaron que los ejecutados omitieron justificar mediante una adecuada comprobación práctica la afectación del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

La Procuración sostiene que el recurrente realiza una interpretación "aislada y caprichosa" del artículo 4° del decreto 214/02, sin examinarlo de manera integrada con el resto del régimen de emergencia, y que "las normas aludidas superan el control judicial de razonabilidad, en tanto los mecanismos que establecen no son intrínsecamente inconstitucionales, ni el recurrente demuestra efectivamente la inequidad a que conduciría el sistema de cálculos".

Se recuerda que el artículo 11, segundo párrafo, de la ley 25.561 (texto según ley 25.820) prevé que cualquiera de las partes puede solicitar un reajuste equitativo del precio cuando la aplicación de los coeficientes produzca un valor resultante superior o inferior al del momento de pago, lo que "todavía [les] cuenta con vías legales para resguardar el derecho que entienden afectado."

Se remite, por razones de brevedad, al dictamen de la misma Procuración en la causa "Rinaldi, Francisco Augusto y otros c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otro s/ Ejecución hipotecaria" (S.C.R.N° 320, L.XLII), y se indica que la Corte ya se pronunció sobre dichas cuestiones en sentencia del 15 de marzo de 2007.