OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ CORDOBA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), entidad de derecho público no estatal, agente natural del seguro de salud.

¿A quién se demanda?

Provincia de Córdoba.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 9104, que modificó el art. 51 de la ley 5299 e incorporó como afiliados obligatorios del IPAM al personal docente titular, interino y suplente de institutos privados adscriptos a la enseñanza oficial, con retención de aportes por el Ministerio de Educación. Se alega contradicción con las leyes federales 23.660 y 23.661 y con los arts. 14 bis, 17, 31, 75 inc. 12, 108 y 125 de la Constitución Nacional.

Antecedentes procesales: a fs. 41/42 se concedió medida cautelar que ordenó a la Provincia abstenerse de aplicar la ley 9104 respecto de los afiliados a OSPLAD; a fs. 67 se devolvió el escrito de contestación por extemporáneo; clausurado el período probatorio, se presentaron alegatos y se corrió vista al Ministerio Público.

¿Qué se resolvió?

la Procuradora considera que, con posterioridad al inicio de la causa, la Legislatura provincial sancionó la ley 9277, que creó la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) en reemplazo del IPAM, abrogó la ley 5299 con sus modificaciones (incluida la ley 9104) y no contempla como afiliados a los docentes de establecimientos privados. Por ello, el precepto cuestionado ya no integra el ordenamiento jurídico.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...al no advertirse la presencia de un interés actual que deba recibir una respuesta de la Corte Suprema, toda decisión al respecto es inoficiosa, pues le está vedado expedirse sobre planteos que han devenido abstractos..." (cita de Fallos: 318:550; 320:2603; 322:1436; 328:1425; 329:40).

Doctrina citada: las sentencias deben ajustarse a las circunstancias existentes al momento en que se dictan, y deben resolver una controversia actual y concreta entre las partes (Fallos: 259:76; 267:499; 311:787; 328:2440; causa B.671, XXXVI, "Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa", sentencia del 26 de junio de 2007).

Se aclara que la pretensión no puede reducirse a una cuestión abstracta, ni cuando el actor carece de interés económico o jurídico tutelable, ni cuando su pretensión quedó materialmente satisfecha (Fallos: 325:1415).

Conclusión: "Opino, entonces, que actualmente resulta abstracto el tratamiento de las cuestiones propuestas en esta demanda."