SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD c/ OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS DE EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS s/COBRO DE APORTES

¿Quién es el actor?

Superintendencia de Servicios de Salud (recurrente).

¿A quién se demanda?

Obra Social de Directivos de Empresarios Pequeños y Medianos.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de las sumas que corresponde destinar al Fondo Solidario de Redistribución con relación a los trabajadores autónomos afiliados a las obras sociales.

¿Qué se resolvió?

se declaró procedente el recurso extraordinario, se dejó sin efecto la sentencia apelada y se ordenó dictar un nuevo pronunciamiento conforme a lo señalado, con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"los argumentos que sustentaron la decisión de la cámara no dan respuesta a los planteos de la recurrente porque se refieren a la legitimación del organismo para perseguir el cobro judicial de la suma que debe destinarse a la Superintendencia de Servicios de Salud con respecto a los trabajadores en relación de dependencia y a los empleadores (decretos 507/93, 1156/96, 1615/96), mientras que la cuestión a dilucidar aquí pasa por determinar la legitimación de dicha superintendencia para reclamar el cobro de las sumas que corresponde destinar al Fondo Solidario de Redistribución con relación a los trabajadores autónomos afiliados a las obras sociales, circunstancia que torna descalificable al fallo como acto judicial en razón de la falta de adecuada fundamentación que es dable exigir a todo pronunciamiento (Fallos: 320:1254)."

"la decisión de negarle en el caso legitimación activa no se presenta como una razonable interpretación del derecho vigente en la materia, si se tiene en cuenta que entre las facultades que expresamente fueron atribuidas a la DGI por el decreto 507/93 y posteriormente a la AFIP por el decreto 1156/96, no se encuentra incluida aquella vinculada con el aporte cuyo cobro se persigue, que no puede calcularse sobre la nómina salarial, y que originariamente se encontraba en cabeza de su antecesora (leyes 23.660 y 23.661 y decretos 2741/91; 507/93; 863/98; 576/93 y 1215/99)."

La Corte consideró que los agravios sobre legitimación suscitaban cuestión federal, por haberse objetado la validez e inteligencia de normas federales (art. 14, inc. 3, ley 48), y que las causales de arbitrariedad eran inescindibles de esos temas.