SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Provincia de Santiago del Estero.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Poder Ejecutivo), Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y Servicio Penitenciario Federal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de $828.943,98 o lo que resulte de la prueba, más desvalorización monetaria, intereses, IVA sobre intereses y costas, por el costo de la guarda de personas detenidas en cárceles provinciales a disposición de la justicia federal.

¿Qué se resolvió?

se rechazó la demanda y las costas se impusieron por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la falta de habilitación de instancia: "el hecho de que no se hayan agotado los trámites administrativos previstos por la ley 19.549 no es un óbice para promover esta acción, ya que la competencia originaria de la Corte proviene de la Constitución Nacional y no está subordinada al cumplimiento de requisitos administrativos previos".

Sobre la legitimación activa: la excepción "se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial con prescindencia de la fundabilidad de ésta", y la actora "ha logrado acreditar su interés para actuar en la medida en que probó el alojamiento sobre la base del cual efectúa el reclamo".

Sobre la prescripción: "las presentaciones efectuadas por la provincia en las actuaciones administrativas ... produjeron la suspensión de los plazos", por lo que la excepción debe rechazarse.

Sobre el fondo: los expedientes administrativos acreditan los listados de detenidos a disposición de la justicia federal. Luego, "dada la inexistencia de convenio entre las partes", se proyectó un convenio que reconocía la deuda atrasada y fijaba un costo de $37,05 por día e interno.

Sobre el pago: la deuda fue saldada. Del expediente 14.449/05 surge una transferencia de $371.989,05 a la Provincia, y un convenio marco del 27 de diciembre de 2004 por el que se transfirieron $5.000.000, imputables también a las deudas por alojamiento de internos federales. Por ello, "ante la inexistencia de otras pruebas que desvirtúen aquéllas, cabe concluir que la pretensión ... ha sido satisfecha".