GONZALEZ, RICARDO c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/AMPARO por MORA de la ADMINISTRACION

¿Quién es el actor?

Ricardo González.

¿A quién se demanda?

Prefectura Naval Argentina (Estado Nacional).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pago de honorarios regulados a favor de la dirección letrada de la parte actora, en el marco de un amparo por mora de la administración.

¿Qué se resolvió?

la Corte Suprema declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, con el alcance indicado en los considerandos, devolviendo los autos para un nuevo pronunciamiento. Las costas se impusieron en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Considerando 2° (voto del Dr. Rosatti): "una lectura armónica de ambas permite concluir que el plazo de diez días para la cancelación de los honorarios al que refiere el artículo 54 de la ley 27.423, supone -mas no excluye ni destruye- el cumplimiento del esquema de ejecución de sentencias contra el Estado estructurado en los artículos. Por lo tanto, dicho plazo debe computarse desde el momento en que el crédito se encuentra en condiciones de ser ejecutado en los términos de los arts. 22 de la ley 23.982, 165 y 170 de la ley 11.672."

Considerando 3° (voto del Dr. Rosatti): "Con mayor razón, entonces, corresponde el devengamiento de intereses ante un crédito con una expresa regulación sectorial y específica que los reconoce, tal como dispone el art. 54 de la ley 27.423, último párrafo, en tanto prevé que '(l)as deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago'. Solución que, en definitiva, cuadra dentro del conocido carácter alimentario de los honorarios profesionales."

Considerando 4° (voto del Dr. Lorenzetti): "debe concluirse que el plazo previsto en el art. 54 de la ley 27.423 supone -mas no excluye ni destruye- el cumplimiento del esquema de ejecución de sentencias contra el Estado y, por lo tanto, deberá computarse desde el momento en que el crédito se encuentra en condiciones de ser ejecutado en los términos de los arts. 165 y 170 de la ley 11.672 y 22 de la ley 23.982."

Los considerandos 1° y 2° del voto mayoritario remiten al dictamen de la Procuradora Fiscal y a lo resuelto en "Martínez, Gabriel Rubén" (Fallos: 343:1894) respecto del devengamiento de intereses.