Incidente Nº 1 - AGRUPACION POLITICA: PARTIDO NUEVA IZQUIERDA ORDEN NACIONAL s/RECURSO DE APELACIÓN

Actor/apelante: Partido Nueva Izquierda orden nacional, representado por Federico Modarelli (apoderado y tesorero) y Gabriela Scioscia (presidente del partido).

Demandado/apelado: Juzgado federal con competencia electoral de Capital Federal, que dictó la resolución apelada; el control se dirigió contra el partido en tanto sujeto obligado a rendir cuentas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Control del estado contable (balance 2023) del partido y, eventualmente, la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y financiamiento público anual por un año, conforme al artículo 62 inciso f) de la ley 26.215.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, que había tenido por no aprobado el balance 2023 del partido y decretado la pérdida del financiamiento público por un año.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El artículo 38 de la Constitución Nacional impone expresamente a los partidos políticos la obligación de rendir cuentas a la Nación, exigencia que deriva del principio republicano de dar publicidad a los actos de gobierno".

"Debe recordarse que la presentación exigida por la norma mencionada, tiene por objeto reflejar todos los movimientos económicos y financieros ocurridos en el ejercicio de que se trate y demostrar cabalmente la situación patrimonial del partido, permitiendo un efectivo control sobre la utilización de los recursos pertenecientes al erario público".

"En tales condiciones, solo puede concluirse que lo manifestado por los apelantes en su memorial no resulta suficiente para desvirtuar la sentencia de la jueza de grado, quedando subsistentes los defectos destacados por el perito contador, los que impiden conocer la situación patrimonial y, en última instancia, el origen y destino de los fondos partidarios".

Los recurrentes no controvirtieron que, del total declarado en concepto de Movilidad y Viáticos ($5.845.675,16), sólo se acreditó con comprobantes un monto de $3.956.963,04, quedando sin respaldo $1.888.712,12 (32,30%). Los apelantes calificaron esas falencias como "inconsistencias menores", argumento que la Cámara no admitió.