INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS DUERO, MAXIMILIANO DAVID SOBRE 189 BIS (2) - PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Defensa de Maximiliano David Duero Demandado: Estado (mediante el Juzgado de Primera Instancia N° 26) Objeto del recurso: Cese de la prisión preventiva y nulidad del procedimiento policial que derivó en la detención de Maximiliano David Duero por portación de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, apartado 2, CP). Antecedentes: El 14 de mayo de 2023, personal policial detuvo a Maximiliano David Duero portando un revólver calibre .32 largo. El 23 de diciembre de 2025, el juzgado de primera instancia decretó su prisión preventiva, decisión confirmada por la Sala de Feria el 15 de enero de 2026. La defensa y la fiscalía plantearon la nulidad del procedimiento policial por graves inconsistencias en las declaraciones de los preventores, solicitando ambas partes el cese de la encarcelamiento preventivo. Decisión de Primera Instancia: El juzgado rechazó la nulidad del procedimiento y mantuvó la prisión preventiva, considerando que las declaraciones del oficial Tronchín resultaban consistentes y que la ausencia de testigos de actuación no invalida per se el procedimiento policial. Lo que se resolvió: La Cámara de Apelaciones en lo Penal revocó la decisión de primera instancia y concedió la excarcelación a Maximiliano David Duero. El tribunal determinó que el juez de grado excedió sus competencias funcionales al mantener la prisión preventiva pese a que tanto la defensa como la fiscalía solicitaron el cese del encarcelamiento. La Cámara enfatizó que en un sistema acusatorio, cuando el titular de la acción pública (fiscalía) reclama la excarcelación, no existe otra decisión posible que no sea el cese del encarcelamiento preventivo. Fundamentos principales de la decisión: "La invalidez de los actos procesales no procede en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, sino únicamente cuando una de las partes pretende valerse de ellos. En otras palabras: no había parte que reclamara la incorporación de esa prueba al proceso; no había perjuicio que conjurar; no había, por tanto, nada que resolver." "A pesar de ello, el juez -constreñido, al parecer, por la innecesaria petición de las partes que le demandaban una decisión que no le correspondía
- se apartó de las formas esenciales del proceso y se inmiscuyó en una cuestión que no presentaba controversia alguna entre ellas. En ese aspecto, acierta el impugnante cuando denuncia que, al expedirse sobre el juicio de legalidad probatoria cuando la acusación ya había descartado valerse de esa prueba, el magistrado excedió el marco de su competencia funcional, arrogándose facultades propias del Ministerio Público Fiscal." "Es que el sistema acusatorio no solo veda a los jueces actuar de oficio: les impide, con igual vigor, contrariar lo que el titular de la acción ha postulado en ejercicio de las facultades que le son propias. Por estricta aplicación de esta garantía y de su reglamentación en materia de coerción procesal (arts. 185, 188 y 190 CPP), el requerimiento fiscal constituye presupuesto necesario para la imposición —y el mantenimiento— de medidas restrictivas de la libertad. Cuando el titular de la acción pretende la excarcelación del imputado, no existe otra decisión posible que no sea el cese del encarcelamiento preventivo."