FERREYRA, JULIO FRANCISCO c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
La Cámara Federal de Bahía Blanca revisa la constitucionalidad de las leyes y decretos que regulan la movilidad previsional, confirmando la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 y ordenando la actualización de haberes en base a fórmula mixta, garantizando la protección de derechos previsionales y control de constitucionalidad.
¿Qué se resolvió en el fallo?
- La parte actora y la demandada apelaron contra la sentencia de primera instancia.
- La Cámara analizó la constitucionalidad de las leyes 27.426, 27.541 y 27.609, y los decretos relacionados, en relación con la garantía constitucional de movilidad previsional.
- La Cámara concluyó que la fórmula de movilidad implementada por la Poder Ejecutivo desde 2022, basada en la variación del IPC y RIPTE, resulta inconstitucional por no garantizar adecuadamente el mantenimiento del poder adquisitivo de los haberes previsionales, por lo que declaró su inconstitucionalidad a partir de 2022.
- La Cámara ordenó que la administración previsional integre el haber del actor correspondiente a diciembre de 2020, con la diferencia entre lo percibido y lo que habría correspondido bajo la fórmula suspendida de movilidad.
- Además, se ordenó la actualización trimestral de los haberes en base a una fórmula mixta (50% IPC y 50% RIPTE) desde marzo de 2022 hasta marzo de 2024, en línea con los argumentos del voto mayoritario, garantizando la proporcionalidad y la protección del derecho a la movilidad previsional.
- Se rechazó la constitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y se impusieron las costas a la demandada vencida.
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