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Corte Suprema y derecho a saber: el caso de las evaluaciones educativas

Entre el acceso a la información pública y la protección de alumnos y docentes, la Corte Suprema marca un límite claro a la opacidad estatal y revoca un fallo laboral en la misma jornada.

Corte Suprema y derecho a saber: el caso de las evaluaciones educativas

Acceso a la información: los resultados educativos deben ser públicos

En el caso Arganaráz Olivero, Rafael Aurelio c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación s/ Amparo (Expediente: FSA 000517/2019/CS001, Fecha: 19/11/2026), la Corte Suprema, por mayoría, confirmó la sentencia que ordenó al Ministerio entregar los reportes de resultado de todos los establecimientos educativos de la Provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017. El actor había promovido una acción de amparo de acceso a la información pública, y el Estado Nacional se opuso argumentando que la publicación podría estigmatizar a alumnos y docentes y dar lugar a un "sistema de rankings de escuelas". El Tribunal recordó que, si bien rige el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso no es absoluto y sólo admite restricciones excepcionales, legítimas y necesarias. En este caso, la demandada no logró demostrar que los datos fueran secretos estadísticos en los términos de las actividades del INDEC, ni que la difusión configurara una lesión concreta a la dignidad o a la intimidad de persona alguna. Para la Corte, una negativa genérica, abstracta y conjetural no alcanza para restringir un pedido de información pública. Además, subrayó que el acceso a estos resultados es una herramienta esencial para el control social y para exigir políticas que reviertan el bajo desempeño de determinados grupos, de modo que la publicidad apunta a la igualdad real de oportunidades más que a la estigmatización. El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró razonable la restricción prevista en el artículo 97 de la ley 26.206, en tanto busca resguardar la identidad de alumnos, docentes e instituciones para evitar estigmatizaciones que afecten la igualdad educativa.

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Adicional del decreto 243/15: la Corte revoca y devuelve la causa

En el caso Santillán, Gladys c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Servicio Penitenciario Federal s/ Empleo público (Expediente: FRE 006733/2017/CS001, Fecha: 19/11/2026), la Corte Suprema declaró formalmente admisible el recurso extraordinario en el alcance con el que fue concedido, revocó la sentencia apelada, impuso las costas por su orden y devolvió los autos al tribunal de origen para un nuevo pronunciamiento. La controversia giraba en torno al carácter bonificable del adicional previsto en el artículo 5° del decreto 243/15, único agravio por el que se concedió el recurso. El Tribunal sostuvo que esa cuestión ya había sido debatida y resuelta en la causa "Gines" (Fallos: 345:401), a cuyos fundamentos remitió por razones de brevedad. El juez Rosenkrantz también remitió a su voto en ese precedente. Así, la solución aplicada a la trabajadora penitenciaria replica la del caso citado, con la consecuencia práctica de que el tribunal inferior deberá dictar una nueva resolución conforme a esa doctrina.

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Mismo criterio para el personal penitenciario: otro revés al adicional

En el caso Rivero, Gustavo Damián c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Servicio Penitenciario Federal s/ Empleo público (Expediente: FRE 015047/2017/CS001, Fecha: 19/11/2026), la Corte Suprema siguió idéntico camino que en el caso Santillán. Declaró admisible el recurso extraordinario con el alcance concedido, revocó la sentencia con el alcance del precedente citado, impuso las costas por su orden y reenvió el expediente al tribunal de origen. Nuevamente, el Tribunal remitió a lo resuelto en "Gines" (Fallos: 345:401) respecto del carácter bonificable del adicional del artículo 5° del decreto 243/2015, y el juez Rosenkrantz se remitió a su voto en ese precedente. La identidad de fundamentos entre ambos casos refuerza la vigencia de la doctrina de "Gines" para el personal del Servicio Penitenciario Federal que reclama por este rubro.

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Despido rechazado: sin prueba de dependencia no hay indemnización

En el caso Romero, Tomás Ezequiel c/ Punto Baires S.A. s/ Despido (Expediente: CNT 014017/2023, Fecha: 13/11/2026), el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo Nro. 35 rechazó la demanda por despido, pago de salario de agosto de 2022, horas extras, ingreso de aportes y contribuciones y demás rubros indemnizatorios, que totalizaban $3.600.270,72. El juez, en voto único, valoró la prueba según las reglas de la sana crítica y concluyó que, si bien se acreditó la realización de determinadas prestaciones vinculadas a la actividad de la demandada, no se demostró la existencia de una relación de dependencia en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según el fallo, el testimonio de Godoy describió una modalidad de convocatorias vinculadas a eventos, y no se corroboró ni la jornada fija de lunes a sábados de 9 a 18 horas ni la remuneración mensual de $113.218 que invocaba el actor. Tampoco pudo establecerse que esa modalidad se hubiera transformado en una vinculación laboral permanente a partir de las tareas asignadas en el Hotel Sheraton de Pilar. Las costas se impusieron en el orden causado y se regularon honorarios conforme la parte resolutiva.

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Honorarios confirmados: la regulación del letrado se mantiene en ejecución

En el caso Silberszac, Hernán Walter y otro c/ EN - M Defensa - FAA s/ Personal militar y civil de las FFAA y de Seg. (Expediente: CAF 046915/2017/CA003 - CA001, Fecha: 19/11/2026), la Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala III confirmó los emolumentos regulados al letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Pedro Ismael Piteo, en el marco de la ejecución de sentencia. El Tribunal ponderó la naturaleza, el resultado y el monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada, aplicando los artículos 16, 19 y 41 de la ley 27.423. La resolución fue suscripta por los doctores José Luis Lopez Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, quienes integran la Sala en los términos de las acordadas n° 2/26 y 5/26, por hallarse vacantes dos cargos de jueces del Tribunal. No consta disidencia en el acuerdo.

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EMOLUMENTOS HONORARIOS LEY 27.423 EJECUCION DE SENTENCIA CONFIRMACION CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III REGULACION DE HONORARIOS MINISTERIO DE DEFENSA PRESTACION PROFESIONAL

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