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Corte Suprema

ARGAÑARAZ OLIVERO, RAFAEL AURELIO c/ MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA NACION s/AMPARO LEY 16.986

El actor promovió acción de amparo de acceso a la información pública contra el Poder Ejecutivo Nacional para obtener los resultados de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017. La Corte Suprema confirmó la decisión de la cámara, argumentando que la restricción del acceso no fue debidamente justificada por el Estado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Jurisdicción
Federal · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
FSA 000517/2019/CS001
Derecho de acceso a la informacion publica Interes publico Constitucion nacional Derecho de ensenar y aprender Igualdad Derecho a la intimidad Dignidad humana Derecho a la informacion Convencion americana sobre derechos humanos Estadisticas y censos Actos discriminatorios No discriminacion Personas vulnerables Razonabilidad de la ley Menores Accion de amparo Acceso a la informacion publica Resultados educativos Estigmatizacion Ley de educacion nacional Control social Igualdad de oportunidades Confidencialidad Poder ejecutivo nacional Disidencia

¿Qué se resolvió en el fallo?

Acceso a la información pública: resultados de evaluaciones del sistema educativo

El actor promovió “acción de amparo de acceso a la información pública” contra el Poder Ejecutivo Nacional y pidió que se ordenara la entrega de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017. El Estado Nacional se opuso a la pretensión argumentando que publicar los resultados expondría a alumnas y alumnos a una posible estigmatización y que permitiría realizar un "sistema de rankings de escuelas" que produciría un menoscabo para la dignidad de los estudiantes y docentes. La cámara ordenó al ministerio que brindase al actor, vía informática, los reportes de resultado correspondientes.

La Corte, por mayoría, confirmó esta sentencia.

Comenzó recordando que, si bien impera el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto y su ejercicio puede estar sujeto a restricciones, verdaderamente excepcionales, por medio de las cuales se persiga objetivos legítimos y que sean necesarias para alcanzar la finalidad perseguida.

Consideró que la demandada no demostró que los datos hayan sido obtenidos como parte de las actividades estadísticas oficiales o censos cuya planificación, promoción y coordinación corresponda al INDEC, de modo que pudieran tener carácter de estrictamente secretos y estadísticos, ni que el régimen de difusión restringido de reportes por escuela se ajustara a las previsiones de confidencialidad del secreto estadístico. Agregó que la mera cita dogmática y abstracta de normas generales que habilitarían excepciones no puede considerarse suficiente como respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

Señaló que para que la restricción de acceso a los resultados se ajuste a los términos de la Ley de Educación Nacional, la defensa estatal se encontraba obligada a demostrar que su difusión podría ocasionar alguna “forma de estigmatización” y ello debería ser ponderado “en el marco de la legislación vigente en la materia”. Y que con los elementos que incorporó en la causa, a partir de los cuales únicamente exhibió una negativa genérica, abstracta y conjetural, la demandada no logró demostrar que la difusión de los datos solicitados por el actor implique una lesión a la dignidad o a la reputación de persona alguna, ni que constituya una injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada o intimidad familiar de personas menores o mayores de edad.

Concluyó así que acceder a los resultados de los operativos “Aprender” y “Enseñar” es un instrumento esencial para el control social y, en base a ellos, para fiscalizar qué medidas se adoptaron para mejorar y favorecer la situación de los grupos que tuvieron bajo desempeño.

Añadió que hacer pública la información requerida, apunta a efectivizar la “igualdad real de oportunidades” antes que a estigmatizar alumnos y docentes, en tanto que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa -a la vez- otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados.

Finalmente, aclaró que está fuera de discusión que se debe evitar la difusión de información de las personas que participaron en los operativos en cuestión de modo que se pueda comprometer su intimidad y honor.

El juez Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la restricción del artículo 97 de la ley 26.206 y su reglamentación, en cuanto prohíbe el acceso indiscriminado a los resultados obtenidos por cada establecimiento educativo en los dispositivos mencionados resulta razonable, pues se limita al resguardo de la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas a los fines de prevenir y evitar que la difusión masiva de dicha información pudiera conducir a cualquier forma de estigmatización de los sujetos intervinientes, con el consecuente menoscabo que ello tendría sobre la igualdad educativa que el sistema de evaluación concebido pretende alcanzar como una de sus metas principales.

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