BARROZO RICARDO RAMON C/ MUNICIPALIDAD DE JUSTO DARACT S/ AMPARO SINDICAL - LABORAL -S/ RECURSO DE QUEJA.
El actor promovió amparo sindical-laboral contra la Municipalidad de Justo Daract reclamando salarios caídos y reinstalación por baja en abril de 2020. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja interpuesta el 04/02/2026 por no acreditar arbitrariedad ni cuestión constitucional que habilite la instancia extraordinaria, confirmando el análisis de fondo de las instancias inferiores.
¿Quién es el actor?
Barrozo Ricardo Ramón.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Justo Daract.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo sindical-laboral; se solicitó reinstalación y pago de salarios caídos desde la baja (abril de 2020).
¿Qué se resolvió?
Rechazó el recurso de queja interpuesto por la Municipalidad el 04/02/2026 contra el Auto Ins. N° 897/2025 (10/12/2025) por el que la Cámara de Apelaciones denegó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial; por tanto, se mantiene el criterio de las instancias inferiores que hicieron lugar parcialmente a la demanda y condenaron al pago de salarios caídos (sin reinstalación).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Sin embargo, el recurso no puede prosperar, porque habiéndose invocado la causal de 'arbitrariedad de sentencia', le era exigible al recurrente remover el principal fundamento dado por la Cámara para rechazar la pretensión revocatoria de la recurrente.
En efecto, la Cámara para rechazar la apelación de la demandada, tuvo particularmente en cuenta, al igual que el Juez de primera instancia, que la intimación del Municipio a iniciar los trámites previsionales realizada en julio de 2018, fue dejada sin efecto por la propia administración municipal, por lo que resultó ilegítimo que el posterior decreto de baja, se haya motivado en que transcurrió el año de reserva del puesto de trabajo a partir de la referida fecha de intimación.
Al respecto en primera instancia se dijo 'no es cierto que haya transcurrido el plazo de un año desde la intimación, dado que el propio Municipio dejo sin efecto la intimación que realizó en nota de fecha 06/07/2018 en la que se instaba al actor a comenzar el trámite jubilatorio el día 25 de julio de 2018 (…) De modo tal que la baja en abril de 2020, materializada a través del decreto citado arriba, (…) es una baja sorpresiva, abrupta, que no le dio oportunidad al actor de poder iniciar el trámite con anterioridad, y que dejó al actor sin salario durante un periodo de tiempo hasta lograr que ANSES le conceda el beneficio jubilatorio'.
La alzada retomó el concepto, al expresar que 'se había dejado sin efecto la intimación previamente practicada en el año 2018, de manera que el trabajador no se encontraba obligado a iniciar los trámites. Por lo tanto, el cese dispuesto mediante Dto. 20MJD/2020 luce como intempestivo, (…) ya que el plazo estaba suspendido, mediante EXD-03.220.207-/2.019 en fecha 24-04-2019'.
Lo mismo puede decirse del argumento de la recurrente que aduce que, según surge de los recibos de sueldo no impugnados por la contraria, al actor se le abonaron los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, pues ante la contundente afirmación de la Cámara que expresó 'Respecto a la denuncia de haber percibido los salarios de Abril, mayo, julio, agosto/2020, no existe constancia en autos de ello', la demandada debió precisar con todo detalle dónde obra la referida documentación, lo que no hizo.
Tampoco resulta atendible el argumento según el cual la demora en la obtención del beneficio previsional sería imputable exclusivamente al actor, pues la recurrente parte nuevamente de la premisa de que la intimación efectuada en el año 2018 mantenía plena vigencia, cuando precisamente el fundamento central de las sentencias de primera y segunda instancia fue que dicha intimación había sido dejada sin efecto por la propia Administración, lo que descarta la imputación de mora en el inicio del trámite jubilatorio.
En tales términos, la crítica ensayada por la recurrente no resulta suficiente para demostrar la configuración de un supuesto de arbitrariedad que habilite la instancia extraordinaria, pues no se advierte que la decisión de la Cámara resulte manifiestamente irrazonable ni que se haya apartado de las constancias de la causa.
En consecuencia, los agravios propuestos no logran demostrar la existencia de una cuestión constitucional que justifique la apertura de la instancia extraordinaria, ni que el pronunciamiento impugnado padezca de los vicios que se le atribuyen. La queja, por tanto, debe ser rechazada."
¿Cómo votaron los jueces?
La resolución final está firmada por los Ministros Levingston, L’Huillier, Endeiza y Monte Riso; no firma el Dr. Eduardo Segundo Allende por hallarse en uso de licencia. No constan votos en disidencia.
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