Z. R., E. B. Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MÉDICA) Número: EXP 14108/2018-0

¿Qué se resolvió en el fallo?

La estructura de la responsabilidad pública se afinca a partir de un mandato constitucional expreso y claro (artículo 19 de la Constitución Nacional). Dicha estructura adquiere caracteres específicos, tanto en función de la modalidad bajo la que se acepta imputarle al Estado los actos, hechos u omisiones de los organismos que lo integran (de manera directa, a través de la teoría del órgano), como a raíz del factor objetivo de la imputación, que no reposa en la condición subjetiva asignable al agente estatal, sino en el cumplimiento irregular -falta de servicio
- de las competencias a su cargo. Cuando además de la demanda contra el organismo estatal se acciona contra el agente público, la falta de servicio imputada requiere demostrar la culpa o dolo del empleado estatal para que concurra como responsable y obligado a reparar las consecuencias dañosas de sus actos u omisiones. Lo anterior no supone una rigidez indisponible para la reglamentación legal pero, en su ausencia, representa un esquema jurídico exigible como derivación del modo en que el constituyente organizó las competencias conferidas al estado y sus deberes frente a los individuos.