GCBA CONTRA ABB SAU SOBRE EJECUCION FISCAL - INGRESOS BRUTOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, disponer la procedencia de la sustitución de la medida cautelar -embargo
- solicitada por la parte demandada por una póliza de caución, una vez acreditada en autos la contratación de dicho seguro. De los artículos 185 y 186 del Código Contencioso Administrativo y Tributario –CCAyT-, se colige que los magistrados cuentan con facultades para sustituir una medida cautelar por otra que resulte menos perjudicial al deudor, siempre que de ese modo se encuentre garantizado el derecho del acreedor. Conforme surge de las constancias incorporadas a la causa, el embargo dispuesto en autos comprende la suma reclamada en el título ejecutivo con más un 30% presupuestado para responder por intereses y costas de la ejecución -por lo que asciende $1.718.937,55-. Por su parte, la ejecutada ofrece un seguro de caución por un monto idéntico al del embargo que comprende tanto las sumas a las que asciende la boleta de deuda que aquí se pretende ejecutar, como las sumas presupuestadas para responder a intereses y costas del proceso. Si bien asiste razón a la parte actora en cuanto a que la ejecutada se limitó a acompañar un contrato proforma, lo cierto es que exigir ante esta instancia la póliza resultaría excesivo, pues la propia normativa prevé la posibilidad de acceder a una sustitución como la requerida, cuando la cautela ofrecida sea suficiente a fin de garantizar el derecho en el que se fundó la medida que se pretende reemplazar. En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar el pronunciamiento de grado en tanto consideró improcedente la sustitución requerida.