PIZARRO, ANGEL SILVIO s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en Coira, Debora Emilce CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - EMPLEO PUBLICO-OTROS

- Quién demanda: Ángel S. Pizarro, en calidad de letrado patrocinante del actor en causa de amparo por modificación de carga horaria laboral.

¿A quién se demanda?

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por la regulación de honorarios.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se revoque la regulación de honorarios en $10.000, por considerarla arbitraria e infracción a la ley 5134, y que se dicte una nueva regulación adecuada a los porcentajes mínimos establecidos.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal rechazó la regulación de honorarios en esa suma, considerando que la misma resulta inferior al mínimo legal del 5 UMA y que la decisión de la Cámara fue arbitraria. Se ordena que la Cámara efectúe una nueva regulación conforme a los parámetros legales y constitucionales, en una nueva instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La regulación en $10.000 no respeta los porcentajes mínimos del 5 UMA para honorarios en incidentes, previstos en el art. 49 de la ley 5134. La decisión de la Cámara se apartó de las normas arancelarias, específicamente del art. 49, que establece que en incidentes los honorarios no pueden ser inferiores a 5 UMA. La valoración de la labor profesional por la Cámara no puede sostenerse si viola los mínimos legales, por lo que la regulación resulta arbitraria. La jurisprudencia y la ley 5134 establecen claramente que los honorarios deben respetar ciertos porcentajes mínimos y máximos, y la suma regulada en $10.000 resulta incompatible con ello. La resolución cuestionada vulnera derechos constitucionales del letrado, particularmente los derechos a propiedad y debido proceso, al fijar honorarios inferiores a los mínimos legales. La sentencia de la Cámara no ha sido suficientemente fundamentada ni justificada en términos constitucionales. La decisión del Tribunal Superior de Justicia es revocar la regulación y ordenar que la Cámara efectúe una nueva regulación ajustada a la normativa legal, en una nueva instancia, con jueces distintos a los que intervinieron en la resolución original.