INCIDENTE DE COMPETENCIA EN AUTOS OADDLC SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91) Y OTROS S/ CONFLICTO DE COMPETENCIA

- Quién demanda: La denuncia fue efectuada por la damnificada, expareja del imputado, contra quien se procesó por incumplimiento de prohibiciones de contacto y lesiones, tras hechos ocurridos en octubre de 2022 y enero de 2023.

¿A quién se demanda?

Se discute la competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 36 y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se busca determinar qué órgano judicial es competente para entender en la causa por hechos de violencia de género y delitos conexos.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal declara la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 36, siguiendo las líneas del precedente "Bazán" (Fallos: 342:509), considerando que el proceso ha avanzado en dicho fuero y que ello favorece la administración de justicia y la protección de la víctima.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

- La jueza Alicia E. C. Ruiz fundamenta que, en virtud del criterio establecido por la Corte Suprema en "Bazán", cuando existe conflicto de competencia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Tribunal Superior de Justicia resolverlo.
- La mayoría del Tribunal hace propia esta línea argumental, remitiéndose en los fundamentos a la intervención del Fiscal General Adjunto, quien sostuvo que el proceso en el fuero nacional ha tenido un avance significativo, acumulando cinco expedientes relacionados, y que ello favorece la continuidad y eficacia del proceso.
- La jueza Ruiz también destaca que, si bien el incidente se origina en una causa ligada a hechos de violencia contra la mujer, el proceso en el fuero nacional ha permitido un avance sustancial en la investigación y protección de la víctima.
- La mayoría concluye que, dadas las circunstancias y el progreso del proceso, es conveniente mantener la competencia en el fuero nacional, en línea con la jurisprudencia y los compromisos internacionales asumidos para la protección de las víctimas de violencia de género.