GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en LENTINI, MARIA ELENA CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

- Quién demanda: María Elena Lentini, oficial pública y jefa de departamento del Registro Civil del GCBA, en reclamo de equiparación salarial y pago de diferencias desde su designación en 2007.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Equiparación salarial con oficiales públicos en iguales funciones y encasillados en niveles superiores, pago retroactivo de diferencias salariales, plus por conducción.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario admitió parcialmente la demanda y ordenó el reencasillamiento en nivel PB03, rechazando la pretensión de equiparación en la categoría superior, y la denegación del recurso de inconstitucionalidad fue confirmada por el TSJ.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia apelada valoró que la actora fue incorporada en la categoría inicial del agrupamiento, en virtud del acta paritaria 31/06, y que no era factible su incorporación en categoría superior sin vulnerar el principio de igualdad. La interpretación del acuerdo colectivo, que preveía el ingreso en la categoría inicial, fue considerada razonable y ajustada a derecho, en tanto la actora adquirió la condición de oficial público posteriormente y no en el momento del acuerdo. La jurisprudencia y la doctrina constitucional señalan que la invocación de derechos constitucionales sin acreditar cercenamiento específico y fundado resulta insuficiente. La autoridad judicial concluyó que no existió arbitrariedad ni vulneración constitucional en la resolución apelada. La queja del GCBA fue rechazada por no acreditar un cuestionamiento constitucional concreto y fundado, y por no demostrar que la sentencia fuera arbitraria. La interpretación del acuerdo colectivo y la valoración de la prueba fueron considerados adecuados y en línea con el marco legal y constitucional. La exigencia de concurso público para el ingreso y encasillamiento no fue vulnerada, pues la decisión se basó en la normativa laboral y la interpretación del acuerdo paritario.