ROSÓN, OSCAR LUIS s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CHALLAPA CALDERON, BRIAN CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)
El Tribunal Superior de Justicia revoca la regulación de honorarios por considerarla arbitraria y ordena un nuevo pronunciamiento judicial en el caso de honorarios del letrado por la contestación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el GCBA.
- Quién demanda: Oscar Luis Rosón, en calidad de abogado patrocinante del demandante Brian Challapa Calderon.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se regulen en una suma mínima los honorarios por su actuación en la contestación del recurso de inconstitucionalidad, y que la regulación por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CAATyRC) de $66.600 no respeta el mínimo legal previsto en la ley 5134, artículo 31, y que además la decisión fue arbitraria y careció de fundamentación suficiente.
¿Qué se resolvió?
La Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad y reguló los honorarios en $66.600, considerando que la suma resultante era un 30% del mínimo de 5 UMA, sin fundamentar la decisión en los mínimos arancelarios previstos en la ley 5134. La jueza De Langhe revoca esa decisión por falta de fundamentación y ordena que otros jueces dicten un nuevo pronunciamiento. Los jueces Lozano, Weinberg y Otamendi también apoyaron la admisión del recurso y la revocación de la sentencia, argumentando que la decisión de la Cámara fue arbitraria y que no se expusieron fundamentos válidos para apartarse del mínimo arancelario previsto en la ley 5134.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La jueza De Langhe señaló que si bien la regulación de honorarios en instancias ordinarias es ajena al recurso de inconstitucionalidad, en el presente caso la decisión de la Cámara omitió considerar los mínimos arancelarios establecidos en la ley 5134 sin ofrecer explicación alguna, lo cual implica un déficit insalvable de fundamentación que obliga a revocar la sentencia. Los jueces Lozano, Weinberg y Otamendi coincidieron en que la decisión de la Cámara fue arbitraria por no fundamentar adecuadamente su apartamiento del mínimo legal, vulnerando derechos constitucionales como la propiedad y el debido proceso. La mayoría de los pronunciamientos coincide en que la omisión de fundamentación suficiente configura un acto jurisdiccional insostenible y que el recurso de inconstitucionalidad debe ser admitido para revocar la resolución y ordenar un nuevo pronunciamiento.
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