GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en PELAPRA SA CONTRA GCBA SOBRE EXPROPIACION INVERSA. RETROCESION

- Quién demanda: Pelapra S.A. (actora)

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La ejecución de la sentencia firme que ordenaba una expropiación inversa y la indemnización correspondiente, y la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 6293 y la validez del desistimiento del proceso expropiatorio.

¿Qué se resolvió?

Se admitió la queja del GCBA, se declaró la inconstitucionalidad de la sentencia y la ley 6293, dejando sin efecto la resolución de la Cámara y ordenando un nuevo pronunciamiento. La decisión se fundamentó en que la sentencia firme y la modificación legislativa sobre la utilidad pública afectan la validez del proceso expropiatorio, y que el ejercicio del desistimiento en estas circunstancias no es abusivo, garantizando la continuidad del derecho de propiedad y la legalidad del proceso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Sala concluyó que la ley 6293 dejó sin efecto la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, lo que implica que la expropiación no estaba perfeccionada en el momento del desistimiento, conforme a la normativa constitucional y legal (art. 17 CN, art. 12 CABA, ley 238). La sentencia firme que hizo lugar a la expropiación inversa no puede ser modificada por decisiones legislativas posteriores sin vulnerar la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica. La interpretación de que el Estado puede desistir del proceso expropiatorio aún con sentencia firme, si la causa de utilidad pública desaparece, es compatible con la jurisprudencia nacional, incluyendo fallos de la CSJN (Fallos 291:507). La modificación legislativa posterior, que dejó sin efecto la utilidad pública, y la no percepción de la indemnización, justifican la procedencia del desistimiento, sin que ello implique un ejercicio abusivo del derecho. La Cámara no consideró adecuadamente estos aspectos y vulneró la división de poderes. La sentencia de la Cámara fue dejada sin efecto y se ordenó emitir un nuevo fallo por otros jueces.