GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en AGUILAR, ELIZABETH GABRIELA CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES
La Sala III del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó la queja del GCBA contra la denegación del recurso de inconstitucionalidad, confirmando la fundamentación en que la sentencia de primera instancia y la Cámara fundamentaron su decisión. La resolución se basa en que la queja no logra demostrar la existencia de una cuestión constitucional ni arbitrariedad grave, limitando la discusión a cuestiones de hecho y derecho infraconstitucional.
¿Quién es el actor?
Elisabeth Gabriela Aguilar.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Encasillamiento en el cargo de “auditor fiscal principal” y diferencias salariales por haberse encasillado en “asistente fiscal”.
¿Qué se resolvió?
La Cámara de Apelaciones modificó la fallo de primera instancia y reconoció el reencasillamiento, en línea con las funciones desempeñadas y documentación del GCBA. El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad que fue denegado. La Sala III confirmó el rechazo de la queja del GCBA, sosteniendo que los agravios no configuran un caso constitucional ni arbitrariedad, y que las cuestiones abordadas son de hecho o derecho infraconstitucional.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La sentencia destaca que la queja no critica concretamente las razones de la decisión de la Cámara, limitándose a expresar disconformidad sin fundamentar la vulneración constitucional alegada. Se recuerda que la arbitrariedad solo se configura en casos excepcionales, cuando hay deficiencias lógicas o ausencia de fundamentos normativos, lo cual no ocurrió. Además, se señala que los agravios del GCBA se centran en cuestionar interpretaciones de hechos y normas infraconstitucionales, que no son revisables por vía recursiva constitucional. La jurisprudencia citada respalda que la disconformidad con fallos no implica arbitrariedad, y que la doctrina de la arbitrariedad es estricta. La decisión de la Sala III se ajusta a estos principios.
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