GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CHIAPPINO, ADOLFO SANTIAGO CONTRA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

- Quién demanda: Adolfo Santiago Chiappino, en nombre propio, demandando diferencias salariales.

¿A quién se demanda?

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de diferencias salariales por encasillamiento en niveles V y IV en lugar del nivel III correspondiente, entre 2006 y 2015, por funciones que el actor consideraba equivalentes a categoría superior.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo fue revocada, y se ordenó que otros jueces dicten un nuevo pronunciamiento por entender que la sentencia anterior omitió analizar la normativa aplicable y la carrera administrativa, afectando principios constitucionales como el de igualdad salarial y la carrera administrativa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia de Cámara omitió considerar que la normativa del Convenio Colectivo establece requisitos y procedimientos específicos para promover a un agente a niveles superiores, como concursos y evaluaciones, y que el simple cumplimiento de requisitos mínimos no implica derecho automático a la categoría superior. La Cámara interpretó que las funciones desarrolladas justificaban el encasillamiento en niveles superiores sin verificar si las tareas efectivamente correspondían a dichas categorías según la normativa, vulnerando el principio de igualdad y el sistema de carrera administrativa. La decisión de la Cámara podía constituir una discriminación respecto del resto de los agentes, ya que permitir saltarse los procedimientos de promoción previstos en la normativa vulnera derechos constitucionales y principios de igualdad. La sentencia impugnada no realizó un análisis integral ni razonado de los agravios del GCBA ni de la normativa infraconstitucional, por lo que fue revocada para que se dicte un nuevo pronunciamiento que respete el ordenamiento legal y constitucional aplicable.