ALOMO OSBALDO BERNARDO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

ALOMO OSBALDO BERNARDO.

¿A quién se demanda?

A.N.Se.S. (Administración Nacional de la Seguridad Social).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajuste del haber jubilatorio inicial obtenido bajo la ley 24.241; recálculo del haber inicial por supuesta falta de correcta actualización de remuneraciones computadas; aplicación de pautas de movilidad; pago de sumas retroactivas; planteos de inconstitucionalidad y cuestionamiento de topes.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda; se ordenó a ANSeS redeterminar y reajustar el haber inicial según las pautas fijadas en los considerandos; abonar las diferencias retroactivas con intereses desde el 22/07/2022 (dos años previos al reclamo administrativo) en el plazo del art. 22 ley 24.463; se hizo lugar a la excepción de prescripción en los términos del art. 82 ley 18.037 y se rechazó la excepción de inhabilidad de instancia; se declaró la inconstitucionalidad, en caso de que su aplicación provoque merma superior al 15%, del art. 26 ley 24.241 y del art. 9 ley 24.463; costas a ANSeS; regulación de honorarios diferida para la liquidación definitiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La cuestión a resolver se centra en determinar si la aplicación del método previsto por la referida ley y sus reglamentaciones ha asegurado, en el caso, la vigencia de las garantías contempladas por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en consecuencia, si procede o no la recomposición del haber previsional en los términos solicitados."

Sobre la Prestación Básica Universal y método de actualización: "a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, estimo adecuado aplicar la referida doctrina y ordenar la actualización de la PBU de acuerdo con el índice considerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el citado fallo 'Badaro'; posteriormente se estará a los incrementos dispuestos por la ley 26.198, dtos 1346/07 y 279/08 y a los previstos por la ley 26.417 y modificatorias, según corresponda, hasta la fecha de adquisición del derecho." Se fija además la metodología para calcular incidencia porcentual y la regla: "En el supuesto en que dicho porcentaje supere el 15% corresponderá abonar la PBU reajustada al acreditarse la confiscatoriedad requerida."

Sobre servicios autónomos y moratorias: "sobre los servicios ingresados a través del plan de facilidades de pago, cuya cotización no ha sido efectuada ni en la oportunidad ni en los valores vigentes a la fecha en que se pretende que se reconozcan, el planteo no podrá tener acogida favorable, resultando al efecto inaplicables los precedentes citados, por lo que deberán considerarse ... los valores vigentes de las categorías actualizadas consideradas por el organismo." Y respecto de años efectivamente aportados: necesidad de aplicar la doctrina Makler y calcular la renta presunta promedio conforme a las pautas allí descriptas.

Sobre movilidad y efectos de la emergencia: el tribunal dispone que "debe liquidarse a la actora el haber que hubiera correspondido de acuerdo con la ley 27.426 en los mensuales enero y febrero de 2021 y tomarse este último como base para adicionar el índice previsto en la ley 27.609 en marzo de 2021. Asimismo, se calcularán y abonarán las diferencias entre los montos percibidos y los resultantes de aplicar dichas pautas."

Sobre inconstitucionalidad de normas y límites: "corresponde declarar la inconstitucionalidad de la mencionada norma [art. 26 ley 24.241] para el caso en que su aplicación conduzca a una merma en el haber jubilatorio ... que resulte confiscatoria, de conformidad con el criterio fijado por la CSJN ...". Similar declaración condicionada respecto del art. 9 inciso 3° de la ley 24.463.

¿Cómo votaron los jueces?

No hay votos en disidencia en el dispositivo final; la decisión es de la Jueza Federal Subrogante Valeria A. Bertolini y el bloque dispositvo es lo resuelto por el tribunal.