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Primera Instancia

PEREZ ZALAZAR CESAR JAVIER Y OTRO c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 679/1997 por aumentos previsionales; la jueza federal declaró la inconstitucionalidad del decreto y ordenó la liquidación y previsión presupuestaria para el pago de las sumas reajustadas, imponiendo costas a la parte demandada y diferiendo la regulación de honorarios para la ejecución.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 - SECRETARIA Nº 1
Fuero
FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción
Federal · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CSS 020168/2025
Decreto 679/1997 Inconstitucionalidad Aportes previsionales Gendarmeria nacional Reintegro Prescripcion Liquidacion Tasa pasiva bcra Costas Ejecucion

¿Quién es el actor?

PEREZ ZALAZAR, CESAR JAVIER y SAYAVEDRA, ALBERTO JOSE.

¿A quién se demanda?

ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SEGURIDAD y CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL; intervino Gendarmería Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 679/1997 que elevó los aportes previsionales al 11% y cese/descongelamiento de los descuentos sobre haberes; reintegro de las sumas descontadas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda en cuanto persigue la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/1997; se ordenó a la parte demandada que, dentro de los 90 días de quedar firme la sentencia, practique la liquidación encomendada, efectúe la previsión presupuestaria correspondiente y ponga al pago, cuando corresponda, el haber reajustado; se impusieron las costas a la parte demandada vencida en lo principal; se diferenció la regulación de honorarios para la etapa de ejecución conforme ley 27.423. (La redacción y alcance de la decisión se ajustan al dispositivo transcripto.)

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo Nacional al dictado de decretos de necesidad y urgencia, ante la existencia de circunstancias excepcionales que hicieran imposible el seguimiento de los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y siempre que no se trate de las materias penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Se puede afirmar entonces que su naturaleza es legislativa, aunque formalmente se trata de un acto administrativo."

"Así y conforme fuera indicado por el Alto Tribunal, no se encuentran satisfechos los recaudos constitucionales para el dictado del decreto impugnado. Ello ya que conforme el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, excepto que circunstancias de rigurosa excepcionalidad y urgencia, hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción delas leyes, en cuyo caso podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, con sujeción a determinados recaudos materiales y formales y en la medida en que no regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos."

"Por ello y siguiendo la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el fallo mencionado, haré lugar a la demanda en cuanto declara la inconstitucionalidad del Decreto 679/1997."

Liquidación y plazo por montos retroactivos: se admite la excepción de prescripción hasta dos años anteriores a la demanda y las diferencias devengadas se computan desde el 30/5/2023 (fecha límite: ingreso a la Gendarmería Nacional). "Siendo la fecha de la demanda el 30.5.2025, las diferencias retroactivas devengadas lo serán desde el 30.5.2023, teniendo como fecha límite la del ingreso a la Gendarmería Nacional."

Intereses: "A las sumas devengadas, deberá adicionarse el interés correspondiente a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina."

Costas y honorarios: "Las costas se imponen a cargo de la parte demandada vencida en lo principal que decide: art. 68 CPCCN." "Diferir la regulación de honorarios de la representación letrada de la parte actora para la etapa de ejecución y que exista en autos liquidación definitiva, conforme ley 27.423."

No hubo voto en disidencia relevante en autos; la decisión es de la jueza Karina Alonso Candis en el juzgado federal de primera instancia.

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