Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº P-6331/RJ I/2025 (Jueces con Funciones de Revisión) Legajo de Revisión de Juicio: T., L. C., p.s.a. de Abuso sexual con acceso carnal- dos hechos- en concurso real- La Esperanza, San Pedro d

¿Quién es el actor?

Dra. Alejandra Noemí Cejas, en ejercicio de la defensa técnica de L. C. T.

¿A quién se demanda?

Tribunal de Revisión y Tribunal de Juicio cuyas decisiones fueron impugnadas ante la Sala II Penal de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) dictada contra L. C. T.; se invocan violaciones al debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia por alegada indeterminación temporal y valoración errónea/fragmentaria de la prueba.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de inconstitucionalidad; imponer las costas a la parte recurrente y difirieron la regulación de honorarios; tuvieron presente la reserva de caso federal; pusieron en conocimiento de la Defensora General lo relativo a la incomparecencia de la Defensoría de Menores en el debate.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"7.1.- En lo que respecta al planteo referido al aspecto temporal de los hechos, advierto que de la plataforma fáctica contenida en la acusación y de los alegatos finales del Ministerio Público de la Acusación surge que al acusado se le atribuyó la comisión de una multiplicidad de hechos presuntamente acontecidos durante el lapso comprendido entre los años 2022 y 2024. Sin embargo, al momento de dictar sentencia, el Tribunal de Juicio tuvo por acreditados únicamente dos episodios, ambos correspondientes al año 2023, cuando la víctima contaba con diez (10) años de edad. Respecto del primero, no fue posible establecer con precisión el mes de su comisión, mientras que el segundo fue situado temporalmente en el mes de junio de ese año.

En ese contexto, la circunstancia de que el tribunal haya precisado el momento de ocurrencia de los hechos finalmente acreditados no importó una modificación de la plataforma fáctica ni una afectación del derecho de defensa, desde que ambos episodios se encontraban comprendidos dentro del marco temporal delimitado por la acusación.

Así, el progreso de la causa permitió que la primigenia intimación fuera cada vez más fidedigna al real evento histórico acaecido, aunque siempre -como se dijo- sobre idéntico sustrato fáctico."

"7.2.- Sentado ello, y frente al embate de la recurrente, dirigido a cuestionar la valoración fragmentaria y parcial que -a su entender- habría efectuado el órgano revisor de los distintos elementos de prueba, corresponde examinar si tales planteos logran poner de manifiesto un defecto de naturaleza constitucional que justifique la apertura de esta instancia excepcional.

Como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto sustituir el criterio de los jueces de mérito ni habilitar una nueva revisión de cuestiones de hecho y prueba ya debatidas y resueltas, sino descalificar aquellos pronunciamientos que, por presentar graves defectos de fundamentación o apartarse de las constancias relevantes de la causa, no constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas.

Bajo tales premisas, el agravio no puede prosperar.

En efecto, la decisión puesta en crisis contiene una exposición circunstanciada de las razones que condujeron al Tribunal Revisor a confirmar la responsabilidad penal del encartado, a partir de un análisis de los elementos probatorios incorporados al debate. El razonamiento desarrollado permite conocer el itinerario argumental seguido para arribar a la conclusión adoptada, sin que, de su examen, se desprendan afirmaciones dogmáticas, omisiones decisivas o contradicciones de entidad suficiente para comprometer su validez como acto jurisdiccional."

"VIII.- Por lo demás, no puede pasar desapercibido, al menos para la suscripta, que de las constancias de autos -en particular de las declaraciones testimoniales y del informe socioambiental- surge que la víctima menor de edad durante el desarrollo del proceso se encontraba bajo una medida excepcional de protección administrativa y residía con un familiar distinto de sus progenitores (tía paterna), circunstancia que imponía extremar los recaudos tendientes a garantizar su adecuada representación y participación en el proceso.

No obstante, ello, no se advierte -y así da cuenta el Tribunal de Juicio en la sentencia condenatoria- la intervención, precisamente en el debate, de la Defensoría de Menores, Incapaces y Capacidad Restringida, cuya participación reviste carácter necesario conforme lo dispuesto específicamente por el art. 44 de la ley 6365, art. 14 del CPP y demás normas que rigen la materia, pese a encontrarse debidamente notificada."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución es unánime; los Dres. Arias, Llamas y Otaola adhieren al voto que expone la Dra. Arias.