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Primera Instancia

PIGHIN EDGARDO ROBERTO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

El actor demandó a ANSES solicitando el reajuste de su beneficio previsional conforme a la ley 24.241 y la declaración de inconstitucionalidad de normas vinculadas. El Juzgado hizo lugar parcialmente; rechazó la prescripción, ordenó recalcular el haber y pagar el retroactivo según las pautas fijadas y diferir la regulación de honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10
Fuero
FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción
Federal · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CSS 052810/2025
Pbu Reajuste previsional Ley 24.241 Ley 27.609 Prescripcion Anses Calculo de merma/confiscatoriedad Intereses Costas Liquidacion de haberes

¿Quién es el actor?

PIGHIN EDGARDO ROBERTO.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo por reajustes/diferencias del haber previsional bajo el régimen de la ley 24.241; impugnación/declarante de inconstitucionalidad de diversas normas (incluida la ley 27.609 y artículos de la ley 24.241 y resoluciones administrativas).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcial a la demanda; se rechazó la defensa de prescripción planteada por ANSES; se ordenó a ANSES que abone el haber recalculado y las diferencias retroactivas conforme a las pautas fijadas en la sentencia dentro de los 120 días desde que la sentencia quede firme; se impusieron las costas por su orden; se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191)”.

Respecto de la metodología de verificación de confiscatoriedad: “Ello así, a fin de establecer dicha incidencia, corresponde utilizar la siguiente metodología de cálculo: 1) en primer lugar, establecer la diferencia entre la PBU reajustada y la PBU de Caja = Merma Cuantificada (‘M.C’); 2) la ‘Merma Cuantificada’ se la multiplica x 100; y –finalmente- 3) El resultado de la cuenta anterior se divide por el Haber Inicial Reajustado según Sentencia (‘HIRS’); a saber: PBU caja + PC reajustada + PAP reajustada = Porcentaje de confiscatoriedad = (‘M.C’ x 100 % ‘HIRS’)”.

Sobre competencia legislativa de fijar índices: “la fijación del índice de actualización no puede considerarse incluida dentro de las atribuciones genéricas que la ley 24.241 ... reconoce en cabeza de la ANSeS ... la elección de la variable de ajuste no es un aspecto menor... es una potestad de resorte exclusivo del Poder Legislativo Nacional”.

Sobre control judicial de la ley 27.609 y movilidad: “La Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece un sistema o mecanismo especial... es atribución y deber del legislador fijar el mecanismo concreto de esa garantía... No se configura en el caso el agravio constitucional que justificaría admitir la demanda.”

Sobre resultado práctico: se concluye que, por la fecha de adquisición del derecho (03/12/2024), corresponden las pautas aplicables (incluida la ley 27.609 y art. 4 de la ley 27.609 respecto de índices) y por ello se desestima el reclamo en cuanto pretendía la aplicación de otros índices; sin perjuicio de ello, si del cálculo surge merma y diferencias a favor del actor, deberán ser abonadas “sin quita alguna” y con intereses desde cada vencimiento según la tasa pasiva promedio mensual del BCRA.

¿Cómo votaron los jueces?

no consta voto en disidencia en el dispositivo final; la resolución es unipersonal.

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