BRENTA RAUL HORACIO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Brenta Raúl Horacio.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnan las Leyes 27.426 y 27.541, y Decretos (163/2020; 495/2020; 542/2020; 692/2020) y se solicita declarar su inconstitucionalidad y que se aplique la fórmula de movilidad prevista en la Ley 26.417, por entender vulnerados derechos constitucionales (art. 14 bis, 16, 75 inc. 23 CN) y afectar la propiedad y movilidad de las prestaciones.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda interpuesta por Brenta Raúl Horacio; se impusieron las costas al actor y se regularon sus honorarios en $540.025 (5 UMAs).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que en el caso, la sentencia que homologa el acuerdo transaccional celebrado por las partes fue dictada debidamente notificada a las partes y adquirió el carácter de firme... En la sentencia que homologa el acuerdo transaccional pertinente, se destaca que 'Luego de examinarlo, advierto que se ajusta a las previsiones legales y que en él obra la certificación de la administración que da cuenta de que las huellas digitales impuestas al pie se corresponden con las del beneficiario y el abogado y que los datos sobre prestaciones y haberes incluidos, condicen con los obrantes en los registros del organismo previsional. En este orden, toda vez que la incorporación de las citadas huellas digitales producen los efectos atribuidos a la firma por el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación (Dec. Reg. 894/16), legitiman la manifestación del actor en el sentido de que nada más tiene que reclamar al organismo previsional por ningún concepto emergente del beneficio en trato.'"

"Con relación al primer cuestionamiento en torno a la Ley 27.426, acierta al afirmar que el resultado de aplicar el citado artículo 1º, da como resultado un valor inferior al que hubiese arrojado de aplicarse la movilidad prevista por la Ley 26.417... al haber efectuado una comparación parcial de ambos cuerpos normativos, no logra demostrar objetivamente, la irrazonabilidad de la nueva ley que intenta sostener."

"Por otra parte, respecto de la Ley 27.541, la Corte Suprema señaló que la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva esa exigencia, por lo que es atribución y deber del legislador fijar el mecanismo concreto... En este orden, y ante la carencia de indicadores adecuados que permitan llegar a la convicción de la falta de razonabilidad de los preceptos en crisis, no se configura en el caso el agravio constitucional que justificaría admitir la demanda."

¿Cómo votaron los jueces?

no consta voto en disidencia; los fundamentos citados representan la decisión del Tribunal.