PYCH ANA MARIA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

ANA MARIA PYCH.

¿A quién se demanda?

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de las leyes de movilidad 27.426, 27.541 y 27.609 y del art. 9 de la ley 24.463; impugnación del impuesto a las ganancias; liquidación y pago de diferencias previsionales adeudadas.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la excepción de cosa juzgada respecto de la impugnación del art. 9 de la ley 24.463 y del impuesto a las ganancias; se hizo lugar parcialmente a la demanda dejando sin efecto la resolución impugnada; se hizo lugar a la excepción de prescripción conforme art. 82 de la ley 18.037 (prescriben créditos anteriores a dos años del reclamo administrativo); se ordenó a ANSES que en 120 días practique la liquidación ordenada y efectúe los requerimientos presupuestarios para cancelar las acreencias retroactivas; costas por su orden y regulación de honorarios diferida hasta existir suma líquida aprobada. (La descripción precedente coincide con lo dispuesto en el fallo).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre retroactividad y aplicación de la ley 27.426: “En tal sentido, comparto los argumentos y criterio expuesto por el Dr. Fasciolo en su disidencia en la causa ‘138.932/2017-FERNANDEZ PASTOR Miguel Angel c. Anses s. Amparos y Sumarísimos’ y, lo sostenido en los votos del Dr. Strasser y Dra. Cammarata, en la causa ‘47630/2016 Autos: AGUIRRE GUSTAVO TOMAS c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS’, SALA I CFSS.” Y respecto de la regla general de no retroactividad cita el art. 7° del Código Civil y Comercial: “… a partir de su entada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…”. El tribunal entiende que “los índices de movilidad jubilatoria del período septiembre a diciembre de 2017... no habían sido incorporados al patrimonio del actor a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.426 (29/12/2017)... por el cual no existe aplicación retroactiva de la ley sino una situación jurídica que no se encontraba consolidada... En consecuencia, no habré de hacer lugar al planteo formulado.”

2) Sobre la ley 27.541 (emergencia) y 27.609: el tribunal analiza la declaración de emergencia y la suspensión temporal del artículo 32 de la ley 24.241 y concluye que “siendo que se comprueban los requisitos de excepcionalidad, transitoriedad y equilibrio o razonabilidad de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia, siendo ésta de ejecución transitoria, corresponde rechazar la inconstitucionalidad planteada.” Además considera que, finalizada la emergencia el 31/12/2020, “debe liquidarse a la parte actora el haber que hubiera correspondido de haberse aplicado la movilidad establecida en la ley 27.426 - descontando lo percibido por los aumentos otorgados por los decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020- y tener en cuenta éste último haber readecuado para los meses de enero y febrero de 2021 y para adicionar el incremento previsto en la ley 27.609 en marzo de 2021.”

3) Sobre la fórmula de la ley 27.609 y alegación de confiscatoriedad: “toda vez que los parámetros para determinar la fórmula... fueron establecidos por el legislador... no habiendo la parte actora probado que exista confiscatoriedad... corresponde rechazar el planteo en cuanto al punto.”

¿Cómo votaron los jueces?

el fallo cita y sigue criterios expresados en disidencia del Dr. Fasciolo en la causa Fernández Pastor; sin embargo, no existen votos concurrentes o discordantes dentro de este pronunciamiento de primera instancia: las menciones son de precedentes y disidencias ajenas, por lo que no constituyen disidencia del tribunal aquí.