KIRSCHINK MAXIMO ALFONSO c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y OTROS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

KIRSCHINK MÁXIMO ALFONSO, en carácter de personal retirado de la Prefectura Naval Argentina.

¿A quién se demanda?

CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL (con intervención de la Prefectura Naval Argentina).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó declarar la inconstitucionalidad del art. 2º de la Ley 23.186 (que elevó el aporte previsional del 8% al 11% para el personal de la Prefectura Naval Argentina), ordenar el cese del descuento y condenar a la demandada al reintegro de las sumas indebidamente retenidas por los períodos no prescriptos, con intereses. La actora invocó el precedente “Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional …” (CSJN) y alegó que la conducta era confiscatoria y discriminatoria.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda incoada contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Se impusieron las costas en el orden causado y se regularon honorarios por 4 UMAs para la letrada de la actora (equivalentes a $432.020,00 a la fecha).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) “En dicho pronunciamiento, el Máximo Tribunal destacó, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Decreto-Ley 22.788, que ‘…con relación a los agravios que se dirigen a cuestionar la validez del aporte personal fijado por la ley 22.788 con fundamento en que hasta el dictado de esa norma los retirados y pensionados de la Gendarmería Nacional no estaban obligados a realizarlo, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal según la cual la modificación de una norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitucional, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad (Fallos: 315:839; 327:5002; 338:757), más aún cuando la imposición de dicha carga se sustenta en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial, sin que se advierta que vulnere los derechos superiores invocados.’ Asimismo, ponderó que ‘…la imposición de aportes con posterioridad a la obtención de un beneficio se justifica en la existencia de una necesidad pública y encuentra fundamento suficiente en una norma de rango constitucional –art. 14 bis-, para cuyo cumplimiento se recurre al principio de solidaridad social…’.”

2) “En virtud de ello, cabe poner de resalto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo antes citado, dispuso confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 22.788 y, a su vez, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 679/97.”

3) “Sobre la base de las consideraciones expuestas y en consonancia con lo establecido por el Máximo Tribunal en el precedente ‘Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional –Ministerio del Interior– s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.’ (...) no se encuentra acreditada la inconstitucionalidad cuya declaración se solicita, por lo que no cabe mas que rechazar la demanda incoada en autos.”

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en la sentencia.