ARROYO WALTER FRANCISCO Y OTROS c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

ARROYO WALTER FRANCISCO Y OTROS (la parte actora/accionante).

¿A quién se demanda?

MINISTERIO DE SEGURIDAD y como codemandada Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pidió la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 679/97, el cese del descuento aplicado (aumento del aporte previsional del 8% al 11%) y el reintegro de lo descontado.

¿Qué se resolvió?

Se declaró formalmente admisible el recurso deducido por la codemandada; se revocó parcialmente la sentencia en cuanto a la forma de cumplimiento, debiendo estarse a lo considerado en el punto IV; se confirmó la sentencia en lo demás que fue materia de agravios; se impusieron las costas a la demandada vencida en la alzada; y se reguló por la actuación de segunda instancia la pauta de honorarios de la dirección letrada de la parte actora (30% de lo que en definitiva se determine por la labor desarrollada en la instancia anterior), más IVA si correspondiera.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, en ella el Alto Tribunal descartó la tacha de la ley 22.788 al recordar la doctrina según la cual la modificación de una norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitucional, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad. Destacó que ello resultaba aplicable más aún cuando la imposición de dicha carga se sustentaba en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial, toda vez que la imposición de aportes con posterioridad a la obtención de un beneficio se justifica en la existencia de una necesidad pública y encuentra fundamento suficiente en una norma de rango constitucional –art. 14 bis-, para cuyo cumplimiento se recurre al principio de solidaridad social. (cfr. arg. Consid. 7°, asimismo ver votos de los Dres. Rosatti consid. 11° y Maqueda consid. 9° y 10°)."

"Por último, respecto al decreto cuestionado entendieron que era inconstitucional, dado que los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional para dictarlo, no respondían a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del sistema previsional de la Gendarmería Nacional sino que, por el contrario, traducían la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé para el dictado de dichas normas (arg. Fallos: 322:1726 “Verrocchi”) (cfr. arg. Consid. 12°, ver voto Dres. Rosatti consid. 17°, Maqueda consid. 16°)."

"Que, en relación al plazo de cumplimiento, se ordena a la demandada que a partir del momento en que adquiera firmeza el decisorio de conocimiento, deberá efectuar la previsión presupuestaria correspondiente y acreditarla en la causa con la documentación pertinente, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable para la cancelación de créditos provenientes de pronunciamientos judiciales que condenan al Estado Nacional o a sus organismos públicos, al pago de las sumas de dinero (conf. Art. 22 de la ley 23.982 y art. 170 de la ley 11.672 actualizada y ordenada por el decreto 740/2014)."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en el texto proporcionado; la Parte Resolutiva final representa el acuerdo de la Cámara.