INC S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN S/ PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS
INC S.A. impugnó resolución municipal que sancionó la comercialización de alimentos con fecha de vencimiento vencida y aplicó multa de $670.000 más decomiso. La Cámara confirmó la sentencia de grado; sostuvo que la exhibición de productos con fecha vencida configura incumplimiento del deber de seguridad y que la multa no es desproporcionada ni la ausencia de pericia bromatológica generó indefensión.
¿Quién es el actor?
INC S.A.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de General San Martín.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
nulidad de la Resolución Administrativa N° 506/2018 que impuso multa ($670.000), decomiso y destrucción de mercadería por comercializar productos con fecha de vencimiento vencida; se impugna causa, motivación y graduación de la multa; además se apelaron los honorarios regulados en primera instancia.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de apelación de INC S.A. y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia del 18/06/2025 en todo cuanto fue materia de agravio; imponer costas a la actora; devolver autos al Acuerdo para lo relativo a honorarios; notificar al Ministerio Público Fiscal en los términos del considerando 10°.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"6.3) Corresponde ahora responder al núcleo del planteo, que la recurrente reitera desde su descargo administrativo: que un producto cuya fecha ha transcurrido no es por ello inapto ni peligroso, y que sin pericia bromatológica no puede afirmarse lo contrario, con la consiguiente lesión de su derecho a presentar 'contramuestra'.
El argumento confunde el objeto del deber de seguridad.
...
La fecha consignada en el rótulo es, precisamente, el instrumento mediante el cual esa garantía se documenta y se torna verificable por el consumidor, que no dispone de laboratorio ni de conocimiento técnico para evaluar por sí la aptitud de lo que adquiere. Transcurrida esa fecha, la garantía se extingue: no porque el producto se torne necesariamente nocivo, sino porque desaparece el respaldo que permitía tenerlo por inocuo. El riesgo se desplaza entonces del proveedor -que es quien está en condiciones de controlarlo mediante la rotación y el retiro oportuno de la mercadería- al consumidor, que carece de todo medio para hacerlo. Es ese desplazamiento, y no la nocividad efectivamente verificada, lo que la norma reprime.
De ahí que la infracción se configure por el solo incumplimiento del deber, sin necesidad de un daño concreto."
"7.1) Comienzo por delimitar el alcance del control que esta Alzada está llamada a ejercer.
La determinación y graduación de la sanción constituye, dentro del marco legal que la contiene, una potestad propia de la autoridad administrativa de aplicación, a la que el art. 77 de la Ley 13.133 confía la ponderación de las pautas allí enumeradas. La revisión judicial no habilita al órgano jurisdiccional a sustituir la apreciación del organismo por la propia, sino únicamente a verificar, ante planteos concretos de la parte interesada, que aquélla no sea producto de arbitrariedad manifiesta ni incurra en desproporción grosera respecto de la infracción verificada..."
Si hay votos en disidencia relevantes: no los hubo; el voto de Enrici fue acompañado por Saulquin y el dispositivo final refleja la decisión mayoritaria.
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Leyes que cita
- Ley 13.133 de Buenos AiresEstablece bases para la defensa del consumidor
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