FRATICELLI MARCOS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN S/ AMPARO
El actor promovió acción de amparo contra la Municipalidad de General San Martín solicitando la renovación de su licencia de conducir pese a registrar multas impagas. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia y rechazó el amparo por no acreditarse una arbitrariedad manifiesta ni la inexistencia de respaldo normativo para la exigencia del libre deuda, resaltando la presunción de legitimidad de la reglamentación.
¿Quién es el actor?
Marcos Fraticelli.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de General San Martín.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo para obtener la renovación de la licencia de conducir sin que el registro de multas impagas impida la tramitación; planteo de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del Decreto 532/09 (requisito de "tener libre deuda de infracciones de tránsito").
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia de grado que rechazó la acción de amparo; imponer costas en el orden causado; diferir regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En virtud del Acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación articulado por la actora, confirmando la sentencia de grado en los términos y por los fundamentos que surgen del presente Acuerdo; 2) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (conf. art. 68 del CPCC; arts. 19 y 25 de la ley 23.928); y 3) Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad."
"En segundo orden, encuentro adecuado remarcar que el art. 20 inc. 2º de la Constitución Provincial establece, en lo pertinente, que el amparo procederá cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión, proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales o colectivos (El subrayado me pertenece). Por su parte, que el art. 43 de la Constitución Nacional prevé, en lo que interesa en el caso, que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un Tratado o una Ley (Énfasis añadido)."
"Complementando dicha doctrina, cabe responder específicamente al agravio central del apelante fundado en la presunta indebida aplicación del art. 8º de la Ley 13.927 en articulación con el Decreto 532/09. Al respecto, nótese que el legislador provincial delegó expresamente en la reglamentación del Poder Ejecutivo la fijación del procedimiento y los requisitos para el otorgamiento y renovación de la licencia de conducir. Bajo ese prisma, la exigencia del "libre deuda" establecida en el art. 10 inc. 3 del Anexo II del Decreto 532/09 no constituye sustancialmente una pena accesoria de inhabilitación ni una sanción punitiva autónoma, sino la fijación de un recaudo administrativo de admisibilidad para la tramitación de la licencia. Por lo tanto, existiendo norma legal habilitante y reglamentación vigente gozando de presunción de legitimidad, la actuación de la Municipalidad de General San Martín al exigir la regularización de las infracciones obrantes en el sistema provincial se ajusta a dicho marco normativo delegatorio."
Además, el Tribunal destacó la exigencia de prueba del actor y la insuficiencia probatoria para acreditar la existencia de una arbitrariedad manifiesta: "En ese sentido, surge claramente de lo actuado que el actor no ha logrado probar en el marco de esta acción que, en cumplimiento de la norma que ataca, la Administración le haya exigido el pago de multas que no fueron precedidas de procedimiento alguno, o que no le hayan sido notificadas. En definitiva, no observo acreditado el soporte fáctico que justifique la arbitrariedad e ilegalidad que acusa."
(Votos: los Dres. Enrici y Saulquin votaron a la cuestión planteada en el mismo sentido y por idénticos fundamentos; decisión por mayoría unánime del Acuerdo.)
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Leyes que cita
- Ley 13.927 de Buenos AiresNuevo código de tránsito
- Ley 23.928Convertibilidad del austral
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