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Tribunal Superior

Reale, Faustino P. c/Cerámica Facera S.A. s/Indmenización por ley 9688

El actor reclamó indemnización por incapacidad derivada de dolencias físicas y alteración psíquica. La Corte rechazó el recurso extraordinario de nulidad, confirmando que la acción por dolencias físicas estaba prescrita por haberse tomado conocimiento en marzo de 1986 y que las omisiones alegadas no constituyen cuestión esencial.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-53465
Prescripcion Recurso extraordinario de nulidad Incapacidad laboral Dolencias fisicas Incapacidad psiquica Tribunal del trabajo Prueba Fecha de conocimiento Actos interruptivos Costas

¿Quién es el actor?

Faustino Pablo Reale, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Cerámica Facera S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por incapacidad derivada de dolencias físicas y por afección psíquica (ley 9688).

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios (de nulidad y de inaplicabilidad de ley) deducidos por la parte actora; confirmó la acogida por el Tribunal del Trabajo de Zárate de la excepción de prescripción respecto del reclamo por dolencias físicas y desestimó el agravio relativo a la incapacidad psíquica por no revestir entidad de agravio. Costas de esta instancia a la parte actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El tribunal de la causa acogió la defensa de prescripción opuesta por la accionada al considerar que el curso de la prescripción debía computarse a partir de marzo de 1986 fecha del certificado médico que adjuntó la parte actora al iniciar el trámite jubilatorio ante el ente previsional, con el que -sostiene el a quo- el accionante conoció sus dolencias, la limitación de su capacidad laborativa y el carácter irreversible de las mismas. Así concluyó que, interpuesta la demanda el 23-II-89, había transcurrido en exceso el plazo bianual sin que se probara además ningún acto interruptivo de la prescripción (sent. fs. 175 vta./176)."

"Sabido es que establecer la fecha en que el dependiente tomó conocimiento de su minusvalía y, consecuentemente el punto de partida de la prescripción, como su interrupción, constituye cuestión de hecho cuyo cuestionamiento sólo puede habilitarse por invocación y acabada demostración del absurdo (conf. causa L. 50.293, sent. del 27-X-92). Si bien el recurrente alega este grave vicio no logra demostrarlo por la circunstancia de que soslaya atacar y por ende desvirtuar el sustento de la decisión referenciada."

"Dicho ello y firme la fecha de inicio del cómputo de la prescripción no corresponde tratar el agravio vinculado a los supuestos actos interruptivos de tal plazo que habría realizado el actor, puesto que es doctrina de esta Corte que carecen de eficacia interruptiva los actos realizados con posterioridad al cumplimiento del plazo de prescripción, porque sólo puede interrumpirse una prescripción en curso y no una ya cumplida (conf. causa Ac. 49.947, sent. del 22-III-94). Tal el caso de autos en que al realizarse el primer acto alegado -reclamo administrativo del que además no fue constatada su autenticidad- el 5-IX-88 (fs. 15 vta.), ya se había cumplido el plazo bianual (marzo de 1986)."

Además, respecto de la alegada omisión del juzgador en contestar una cuestión propuesta por la parte:

"Las alegaciones introducidas por las partes en apoyo de sus pretensiones -como lo es la supuestamente preterida- no revisten carácter de cuestiones esenciales según lo dispuesto en el art. 168 de la Constitución provincial, ya que sólo tienen esa entidad aquellos planteos que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio (conf. causa L. 36.348, sent. del 16-XII-86; 'Acuerdos y Sentencias': 1986, t. IV, pág. 433)."

No hubo voto en disidencia; el acuerdo fue unánime en las negativas a las cuestiones planteadas.

Fechas relevantes: certificado médico de marzo de 1986; inicio de la demanda 23-II-1989; reclamo administrativo invocado 5-IX-1988; dictamen de la Procuración 8-VIII-1994; sentencia de la Corte 13-XII-1994.

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