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Tribunal Superior

Márquez, Alberto Tomás c/Rutilex Hidrocarburos Argentina S.A., Sambucetti S.A. s/Despido

El actor reclamó indemnizaciones y otros rubros laborales por despido y horas extras. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario por inaplicabilidad de ley, confirmando que el acuerdo administrativo homologado y la declaración expresa del actor de no tener nada más que reclamar produce efecto de cosa juzgada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-106565
Cosa juzgada Acuerdo conciliatorio Homologacion administrativa Despido Indemnizacion Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Ley 10.149 Costas Identidad de objeto $13.000

¿Quién es el actor?

Alberto Tomás Márquez.

¿A quién se demanda?

Rutilex Hidrocarburos Argentina S.A. y Jorge A. Sambucetti S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de horas extra por kilómetros recorridos, viáticos, aguinaldo y vacaciones 2002, integración del mes de despido, indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso y las previstas en arts. 1 Ley 25.323 y 16 Ley 25.561, entre otros rubros.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el actor y quedó firme la decisión de grado que hizo lugar a la excepción de cosa juzgada en favor de la codemandada Rutilex, con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Con los escritos constitutivos de la litis y de las actuaciones administrativas obrantes en autos (v. fs. 86 bis/111), el juzgador de la instancia de grado tuvo por acreditado que el actor Márquez le reclamó a la codemandada Rutilex Hidrocarburos Argentina S.A. los resarcimientos correspondientes en virtud del despido directo dispuesto por la empleadora, esto es: las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario proporcional, vacaciones no gozadas, resarcimientos previstos en el art. 16 de la ley 25.561 y en las leyes 25.323 y 25.345, entrega de las certificaciones de servicios y cualquier otro rubro que le pudiera corresponder. Al efecto, denunció las fechas de ingreso y del distracto y su remuneración, con la inclusión del adicional por kilómetro recorrido.

Con posterioridad, en esas mismas actuaciones administrativas, ambas partes suscribieron un acuerdo conciliatorio por medio del cual la empleadora ratificó el despido de Márquez y éste, además de reconocer el hecho invocado como causal del distracto, prestó conformidad al ofrecimiento económico que le efectuó aquélla, comprensivo de una suma total de $ 13.000, manifestando expresamente que no tendría nada más que reclamar por ningún concepto emergente de la relación laboral una vez que hubiese percibido la totalidad de la suma ofrecida, peticionando ambas partes la homologación del convenio, la que se concretó mediante la disposición del Delegado Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -Delegación Regional Campana-."

"En reiteradas oportunidades esta Corte ha declarado que la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia de los extremos que justificarían el planteo de la excepción de cosa juzgada es una labor que les compete en forma privativa y, en principio, irrevisable en casación, salvo que se denuncie y acredite absurdidad (...).

Mediante un lacónico desarrollo, alejado de las exigencias inherentes a la vía recursiva intentada, el accionante focaliza su reproche en la ausencia de indicación de los rubros comprendidos en la resolución homologatoria, a su modo de ver, invalidante de la determinación de la cosa juzgada alcanzada por el tribunal de trabajo en ejercicio de sus facultades privativas, alegando en apoyo de su postura la violación de la doctrina legal supra individualizada (v. fs. 133 y vta.).

En ese desempeño, el impugnante deja huérfana de toda crítica las referencias formuladas en la sentencia acerca de que han sido las partes quienes se sometieron voluntariamente al procedimiento administrativo reglado por la ley 10.149, llegando a un acuerdo conciliatorio debidamente homologado y notificado, produciendo dicha resolución los efectos de la cosa juzgada respecto de todas las pretensiones deducidas judicialmente, incluso respecto de aquellos rubros que difieren de los reclamos impetrados en sede administrativa, en tanto ellos quedaron atrapados en la cláusula en la cual Márquez manifestó que una vez percibido el importe convenido 'nada más tendrá que reclamar por concepto alguno emergente de la relación laboral habida' (v. sent., fs. 121 y vta.)."

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