Cánepa, Raúl c/ Municipalidad de Hipólito Irigoyen s/ Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Raúl Canepa (agente municipal), representado en autos; fallecido al momento de la sentencia.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del decreto 143/2000 que decretó la cesantía del actor; reincorporación; pago de salarios caídos; indemnización por daño material y moral.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente a la demanda; se anula el decreto municipal 143/2000; se condena a la Municipalidad a pagar una indemnización sustitutiva equivalente al 50% de los sueldos dejados de percibir desde la cesantía (6-4-2000) hasta la fecha del fallecimiento del actor (9-4-2007) con intereses calculados sobre capital según la tasa pasiva más alta del Banco Provincia; y se condena adicionalmente al pago de $20.000 por daño moral. Montos deben abonarse en 60 días. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la configuración del abandono y la necesidad de investigar exculpatorios: "El abandono habilitante de la sanción de cesantía se configura con la actitud del agente que sin motivo deja de concurrir al empleo con el propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicio, sin que medie justificación alguna..."

Sobre la motivación y la nulidad: "La motivación de la resolución atacada es sólo aparente, porque los antecedentes fácticos tenidos en cuenta por la Administración para decidir han sido sesgados, producto de una interpretación formalista y distorsionada de las circunstancias del caso; lo que conlleva su nulidad (conf. art. 108, Ord. Gral. 267/80)."

Sobre omisión de diligencias administrativas: "la comuna decide decretar la cesantía sin siquiera impulsar medida alguna de prueba, como podría haber sido la convocatoria a una Junta médica evaluativa que constate su aptitud física..."

Sobre alcance de la reparación material: "la presunción del daño (an debeatur) por la ilegitimidad del acto ... no puede alcanzar también a la magnitud del mismo ... (pero) corresponde fijar prudencialmente ... equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los salarios no percibidos..."

Sobre daño moral (mayoría): "el padecimiento sufrido por el agente estatal que es privado de su empleo configura una 'circunstancia [que] ha de tenerse demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica' ... corresponde hacer lugar parcialmente ... fijar el monto de la reparación en $ 20.000."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Kogan abrió y votó por hacer lugar a la anulación y por reconocer salarios caídos en la forma indemnizatoria; propuso la procedencia del daño moral por negativa, pero la mayoría condenó al pago de $20.000.

Los Dres. de Lázzari, Soria, Pettigiani y Negri votaron coincidiendo en la nulidad del acto; respecto del quantum, hubo coincidencia mayoritaria en fijar el 50% de los sueldos como reparación material y $20.000 por daño moral. Hubo matices doctrinarios entre los votos sobre si corresponde reconocer la totalidad de los salarios o solo porcentaje, pero prevaleció la solución mayoritaria del 50%.

Fechas y montos relevantes:

Decreto de cese: dec. 143/2000 con fecha retroactiva al 6-4-2000.

Demanda presentada: 7-8-2000 (plazo de caducidad rechazado).

Fallecimiento del actor (según dispositivo): 9-4-2007.

Indemnización material: 50% de los sueldos dejados de percibir desde 6-4-2000 hasta 9-4-2007.

Indemnización por daño moral: $20.000.

Intereses: sobre el capital, tasa pasiva más alta del Banco Provincia para plazos a 30 días; pago dentro de 60 días.