Toscani, Velia Estrellita c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Velia Estrellita Toscani, por derecho propio con patrocinio letrado.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones 3654/1999 y 2278/2000 y dejar sin efecto la liquidación de un cargo deudor por $8.950,74 en concepto de haberes presuntamente percibidos indebidamente; además, solicitó la suspensión de la ejecución (medida cautelar ya decretada y luego cesada al quedar firme la sentencia).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar a la demanda; se anulan las resoluciones ministeriales 3654/99 y 2278/00 y se deja sin efecto la liquidación que exigía el reintegro de $8.950,74; cesan los efectos de la medida cautelar cuando la sentencia quede firme; costas por orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El proceder administrativo descripto no sólo evidencia que la exigencia de pago no fue oportunamente acompañada de la exposición de los fundamentos del acto que ordenaba la repetición, sino que tal omisión tampoco fue suplida por la autoridad accionada en oportunidad de resolver las impugnaciones ulteriores."

"Como tantas veces ha dicho el Tribunal, resulta indispensable que en el acto mediante el cual se expresa la decisión, la autoridad administrativa exponga en forma razonada y explícita la fundamentación de la medida adoptada de manera que permita su entendimiento pleno a través de sus propios fundamentos, así como también su motivo determinante o sustento fáctico, su finalidad, elementos que devienen imprescindibles para ejercer el adecuado contralor tanto administrativo como jurisdiccional del proceder estatal (arts. 103, 108 y concs. del dec. ley 7647/1970 ...), requisitos con los que no cumple ninguna de las actuaciones arriba señaladas."

"Teniendo en cuenta la realidad que emana de las constancias administrativas, tal como se expusiera, y por imperio del principio de seguridad jurídica que tiene jerarquía constitucional, concluyo que asiste razón a la actora cuando censura en este punto el comportamiento administrativo."

"Por consiguiente, la circunstancia del tiempo transcurrido y el hecho de que no se hubiera dado intervención en las actuaciones a los agentes interesados y respondido acabadamente sobre los motivos determinantes del cargo formulado -conducta, esta última, de por sí demostrativa de la inobservancia de la garantía de la defensa en sede administrativa (art. 15 de la Constitución provincial)-, me conducen a afirmar la ilegitimidad del obrar de la autoridad demandada, razón por la cual entiendo que la pretensión articulada debe ser estimada."

¿Cómo votaron los jueces?

Mayoría integrada por los jueces De Lázzari (voto principal), Kogan, Negri y Pettigiani (adherentes). Disidencia del juez Soria, quien consideró que la Administración actuó dentro de sus facultades de repetición por pago indebido y que la rectificación fue realizada en tiempo razonable y con acto administrativo suficiente (res. 3654/99 y 2278/00).