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Tribunal Superior

Álvarez, Gerardo Emilio c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa

El actor demandó por indemnización por despido, restitución de aportes previsionales y daño moral contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente: condenó al Banco a la indemnización prevista en el art. 30 inc. b) de la ley 10.430 y ordenó el pago de aportes patronales entre el 4-IV-1991 y el 31-XII-1993; rechazó la prueba del daño moral.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-62567
Contencioso administrativo Despido/cesantia Indemnizacion (art. 30 inc. b) ley 10.430) Aportes previsionales Prescripcion Expectativa de permanencia Desviacion de poder Dano moral (rechazado) Principio de primacia de la realidad Administracion publica

¿Quién es el actor?

Gerardo Emilio Álvarez.

¿A quién se demanda?

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por despido injustificado; entrega de constancias de aportes previsionales y pago de aportes patronales adeudados; reparación por daño moral; indemnización por pérdida de haber jubilatorio.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar parcialmente a la demanda. Se condenó al Banco a abonar la indemnización prevista en el art. 30 inc. b) de la ley 10.430 (con intereses calculados sobre el capital según la tasa pasiva más alta del Banco Provincia a 30 días) y se ordenó el pago de los aportes previsionales correspondientes al periodo 4-IV-1991 a 31-XII-1993. Se rechazó la pretensión por daño moral y la indemnización por la supuesta pérdida concreta del haber jubilatorio por falta de acreditación del perjuicio. Plazo de cumplimiento: 60 días. Costas por su orden. Disidencia del juez Genoud.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo que atañe al personal contratado, la citada reglamentación preceptúa solamente que es '(...) aquél cuya relación de empleo público estare (sic) dada por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa' (art. 9).

En lo que atañe al personal contratado, la citada reglamentación preceptúa solamente que es '(...) aquél cuya relación de empleo público estare (sic) dada por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa' (art. 9).

De ese modo, y a pesar de que formalmente la conducta de la Administración parecería ceñirse a la previsión estatutaria antes citada (por cuanto en todos los nombramientos se consignó el respectivo plazo de vigencia), el peculiar desarrollo del vínculo habido con el actor revela una aplicación desviada de las normas que habilitaban la contratación. Ello así, en tanto se verificó una desavenencia entre la finalidad inspiradora de las sucesivas designaciones (por las que se mantuvo al agente en una prolongadísima situación de inestabilidad) y la naturaleza transitoria que presupone la figura jurídica empleada por el Banco provincial, merced a la cual puede incorporar empleados por fuera de sus cuadros estables.

En efecto, fácil es advertir que el cese intempestivo dispuesto por el Banco luego de más de 23 años de relación en los términos ya apuntados no resulta consecuente con las serias y razonables expectativas que válidamente pudieron generarse en el otrora agente sobre su continuidad laboral. Y que resultaron truncadas por la conducta de la accionada al mutar súbitamente una condición de empleo por otra de signo contrario, sumiendo al aquí reclamante en un verdadero estado de desamparo frente a ese quebrantamiento sorpresivo de la relación."

(Dispositivo relevante:)

"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda y se condena a la accionada a abonar al actor la indemnización contemplada en el art. 30 inc. b) de la ley 10.430.

Asimismo, por mayoría, se reconoce al señor Álvarez el derecho a que la demandada cumpla con los aportes previsionales correspondientes al período transcurrido entre el 4-IV-1991 y el 31-XII-1993. Correlativamente, también por mayoría, se condena al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar los indicados aportes, con independencia de los que corresponda abonar al propio actor."

¿Cómo votaron los jueces?

El juez Genoud votó por la negativa; consideró que la edad del actor (ingresó a los 46 años y cesó a los 70) y su situación de retiro de las Fuerzas Armadas impedían configurar una legítima expectativa de permanencia y, en consecuencia, rechazó la indemnización y las demás pretensiones.

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