Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Villegas contra Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Villegas. Conflicto de poderes art. 196 Constitución provincial

¿Quién es el actor?

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Villegas (el Intendente municipal).

¿A quién se demanda?

Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Villegas (Concejo Deliberante).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pretende declarar la nulidad de la ordenanza 6.349/22 y de su insistencia 6.360/22, que modificaron el artículo 1 de la ordenanza 4.557/08 afectando la destinación de la "Tasa de Seguridad y Defensa Civil" e incorporando como beneficiario al cuerpo de Bomberos Voluntarios (distribuyendo los fondos "en un 60% a la colaboración institucional con la policía y Defensa Civil y en un 40% para Bomberos Voluntarios"). Se alega violación del privilegio de iniciativa del Ejecutivo en materia presupuestaria, falta de procedimiento previsto por el art. 193 inc. 2 de la Constitución provincial, creación de impuesto en vez de tasa y conflicto con normativa nacional y provincial sobre doble imposición.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el conflicto de poderes. Se dejó sin efecto la suspensión precautoria de las ordenanzas 6.349/22 y 6.360/22 impuesta por resolución de 13-9-2022. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El denunciante afirma que ello infringió su privilegio de iniciativa en temas presupuestarios, al haber afectado el presupuesto de gastos previamente aprobado y en curso de ejecución, distrayendo de esa forma fondos para la prestación de servicios que no estaban originalmente previstos, en desmedro de aquellos que sí lo estaban, desfinanciándolos.

El planteo no es de recibo.

... En la especie, del propio texto de la norma impugnada -como también del de su insistencia- se desprende que el Concejo Deliberante de General Villegas intentó ser fiel a dicho principio, evitando afectar indirectamente el presupuesto aprobado y en marcha para el ejercicio 2022. Ello, al disponer claramente en su art. 5 que 'La presente ordenanza será de cumplimiento efectivo a partir del próximo ejercicio presupuestario'.

Atento a ello, es menester señalar que la ordenanza 6.349/22 fue sancionada el 14 de julio de 2022, vetada una semana después por decreto 1.331/22 y ratificada por el órgano deliberativo, a través de la ordenanza 6.360/22 de 15 de agosto de ese mismo año. Mientras que el presupuesto para el año 2023 se aprobó el 20 de diciembre de 2022 por ordenanza 6.406/22 y se promulgó siete días después, con el decreto 2.179/22.

En esta secuencia, es evidente que las normas que aquí se discuten en modo alguno infringieron el reparto de competencias que brota del art. 192 inc. 5 de la Carta local y que precisan varias disposiciones de la LOM, en tanto no estuvieron destinadas a regir durante el ejercicio 2022. Y ello, a la vez que también fueron sancionadas antes de la remisión y aprobación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2023.

Se insiste, entonces, que no hubo modificación de las partidas preasignadas, ni se incorporaron nuevos gastos que no estuviesen previamente previstos, como tampoco se modificó el rumbo de fondos pensados para otros fines. Nada de eso sucedió, porque las ordenanzas 6.349/22 y 6.360/22 comenzarían a regir recién a partir del año fiscal siguiente."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, corresponde rechazar el conflicto de poderes promovido por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Villegas, lo que implica dejar sin efecto la suspensión de las ordenanzas 6.349/22 y 6.360/22 dispuesta por resolución de 13 de septiembre de 2022 (arts. 161, inc. 2 y 196, Const. prov.)."

¿Cómo votaron los jueces?

Soria, Torres, Kogan y Genoud.)