Dorado, Oscar Luciano c/Disco S.A. s/Despido

¿Quién es el actor?

Oscar Luciano Dorado.

¿A quién se demanda?

Disco S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de diferencias indemnizatorias por despido (cómputo de vales alimentarios en la base indemnizatoria) y la reparación prevista en el art. 2 de la ley 25.323 (incremento sancionatorio por falta de registración/pago).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Disco S.A. y se confirmó la resolución de primera instancia que computó los vales alimentarios como remuneración para el cálculo de las indemnizaciones y aplicó la sanción del art. 2 de la ley 25.323, con costas a la recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar el precedente P.1911.XLII. 'Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.' (sent. del 1-IX-2009), ... declaró la inconstitucionalidad del derogado art. 103 bis inc. 'c' de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto niega a los vales alimentarios naturaleza salarial" (apartado III.c).

"la voluntad del legislador o del empleador son inválidas para modificar el título con el cual se corresponde una prestación a la luz constitucional, máxime cuando la determinación y los alcances de las prestaciones debidas por el empleador al trabajador rebasan el cuadro conmutativo... para estar regidas por la justicia social" (resumen de consideraciones sobre el precedente PÉREZ).

"llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, resulta, en el caso, un tributo a la 'justicia de la organización del trabajo subordinado'" (cita contenida en el análisis de la doctrina federal).

Además, el Tribunal sostuvo la prevalencia del Convenio 95 de la OIT y las observaciones de la Comisión de Expertos: "la noción de remuneración 'en manera alguna podía entenderse de alcances menores que la acuñada en el art. 1° del Convenio N° 95 sobre protección del salario'" y que las observaciones de la OIT constituyen guía insoslayable para el control de convencionalidad (apartados III.c y III.d).

Sobre la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 y las costas, el Tribunal confirmó la valoración probatoria y la facultad de los jueces de grado: la intimación por telegrama fue tenida por verificada y la reducción o exención de la sanción es facultad privativa del juzgador de grado no revisable en casación salvo absurdo (apartado III.2 y III.3).