Segura, Juan Carlos c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios

¿Quién es el actor?

Juan C. Segura.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pago de crédito reconocido en sentencia, en el marco del régimen de consolidación de pasivos (ley 12.836 y sus modificatorias) por daños y perjuicios.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Corte provincial sostuvo que las modificaciones introducidas por la ley 13.929 y el decreto 201/2010 no alcanzan para superar los señalamientos de inconstitucionalidad formulados por la Corte Suprema de la Nación respecto del régimen de consolidación; en consecuencia el estatuto queda inaplicable al caso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II. Por lo expuesto, considero que corresponde mantener la decidida inconstitucionalidad de la ley 12.836 toda vez que las modificaciones introducidas en su texto por la ley 13.929 como así también por el decreto 201/2010, hasta la actualidad, no alcanzan para purgar su incompatibilidad con la Constitución nacional.

Voto por la negativa." (voto del Dr. Negri)

"3. En conclusión: con solo establecerse en la legislación local, para el pago de la deuda consolidada, un lapso mayor (aunque por el mínimo margen señalado) al fijado por la normativa nacional, las objeciones que se formularan a su constitucionalidad siguen en pie, debiendo darse respuesta negativa a la cuestión que nos ha concitado.

Según lo dicho y de acuerdo con la doctrina legal que surge de la mencionada causa C. 99.858, 'Rodríguez', voto por la negativa." (voto del Dr. de Lázzari)

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria, ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal." (bloque dispositivo final)

¿Cómo votaron los jueces?

el Dr. Hitters votó por la afirmativa y consideró que, con las modificaciones (arts. 54, 56 ley 13.929 y decreto 201/2010) y con las condiciones y opciones previstas (especialmente la posibilidad de emisión de bonos con fecha 1°-I-2000), los señalamientos de la Corte Suprema de la Nación en "Mochi" podían reputarse superados, proponiendo que el crédito reconocido en la sentencia de grado debía satisfacerse conforme al mecanismo previsto por la ley 12.836 en la porción que excediera $10.000 (la porción hasta $10.000 debía pagarse en efectivo).