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Tribunal Superior

Ramos Leiva, Pablo Javier c/ Provincia de Buenos Aires y ot. s/ Proceso sumario c/ sanciones en materia de empleo público. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

El agente policial Pablo Javier Ramos Leiva impugnó la sanción de exoneración impuesta por el Ministerio de Seguridad y la confirmación judicial en sede contencioso administrativa. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concluyendo que no existe absurdo en la valoración de la prueba por la Cámara y que la absolución penal no impone la misma conclusión en sede administrativa.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-71584
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Exoneracion Sumario disciplinario Valoracion de la prueba Absurdo Art. 67 decreto 9550/1980 Absolucion penal Responsabilidad administrativa Costas al recurrente.

¿Quién es el actor?

Pablo Javier Ramos Leiva, agente policial.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires y otros (Ministerio de Seguridad y autoridades que dictaron la sanción).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la resolución administrativa que impuso la sanción de exoneración por hechos ocurridos en una requisa en la Seccional Segunda de Pilar (aplicación de severidades a detenidos, golpes y destrucción de pertenencias).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó por mayoría el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la confirmación de la exoneración; costas al recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara consideró que la actuación administrativa reunió "profusa prueba" que acreditó la conducta disvaliosa del actor, que el sumario respetó el debido proceso y que la exoneración fue proporcionada a las faltas comprobadas.

Sobre la relación entre la absolución penal y el sumario administrativo, la Corte sostuvo que la naturaleza de la responsabilidad penal es distinta de la administrativa y que la inexistencia de encuadramiento penal no obliga a la Administración a actuar igual: "La circunstancia de no haber recibido encuadre punible en sede penal no obliga a la Administración a actuar en similar sentido, pudiendo ponderar la conducta bajo el prisma administrativo..."

El recurrente alegó que la Cámara incumplió lo dispuesto por el art. 67 del decreto ley 9550/1980 al no atender la sentencia absolutoria penal; la Corte entendió que de la sentencia penal no surge la inexistencia de los hechos, sino la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal por contradicciones y debilidades probatorias, transcribiendo parte del pronunciamiento penal: "La disparidad, ambigüedad y contradicción surgente de los elementos aportados por los testigos, así como la cuestionada prueba documental ... todo lo cual torna de imposible dilucidación lo acontecido. Lo contrario sería una mera elucubración de que lo afirma".

La Corte reunió la doctrina sobre el control casatorio de la valoración de la prueba, reiterando que sólo procede frente a absurdo o arbitrariedad manifiesta en la apreciación probatoria, entendiendo que el recurrente no demostró tal error palmario.

Texto transcripto (párrafos relevantes de la sentencia):

"La disparidad, ambigüedad y contradicción surgente de los elementos aportados por los testigos, así como la cuestionada prueba documental como el acta inicial en donde testigos como PALLEROS afirman no haberla leído y sí firmado, o como SOSA que según sus dichos ese día no estaba pero sin embargo aparece firmando el acta, o las fotografías en donde algunos se reconocen y otros afirman no ser quienes allí se encuentran señalados, y que decir de la pericial, en donde los facultativos médicos dieron cuenta de distintas situaciones, no ilustrando debidamente las circunstancias por ellos observadas, lo que imposibilita su cotejo entre sí y su debido contralor, todo lo cual torna de imposible dilucidación lo acontecido. Lo contrario sería una mera elucubración de que lo afirma" (cita de la sentencia penal).

"En la acepción dada por esta Suprema Corte se define al absurdo como un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptible de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica ... de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, e insostenible en la discriminación axiológica."

Conclusión de la mayoría: no se configuró el absurdo o la arbitrariedad invocados; el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado.

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