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Tribunal Superior

Moreno, Gumersindo Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 32, Decreto ley 9020/78

El escribano Gumercindo Moreno promovió acción directa de inconstitucionalidad contra el art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78 solicitando cautelar para impedir su inhabilitación por edad. La Corte provincial hizo lugar a la medida cautelar ordenando a la Provincia que se abstenga de aplicar la norma respecto del actor hasta pronunciamiento definitivo, con caución juratoria del actor por costas y daños.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
I-74149
Accion de inconstitucionalidad Medida cautelar Inhabilidad por edad Art. 32 inc.1? decreto-ley 9020/78 Notariado Caucion juratoria Presuncion de constitucionalidad Precedentes franco Provincia de buenos aires Notario moreno.

¿Quién es el actor?

El escribano Gumercindo Moreno, notario titular del Registro de Escrituras Públicas N° 57 de Bahía Blanca.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78 (t.o. decreto N° 8527/86) por entender que la inhabilidad por haber alcanzado 75 años viola derechos constitucionales (trabajar, igualdad, propiedad) y, en consecuencia, se solicita la suspensión cautelar de los efectos del citado inciso en orden a evitar su inhabilitación el 29-IV-2016.

¿Qué se resolvió?

Se ordenó, a título cautelar, que la demandada se abstenga de aplicar el art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78 en relación al actor hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos, bajo caución juratoria del actor por costas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1531 “Alet Laboratorios”, res. del 6-X-1992; I. 1584 “Boehringer”, res. del 4-V-1993; I. 2380 “Moledo”, res. del 4-XI-2002; I. 3064 “Rosende”, res. del 23-IV-2003, I. 69.045 “Larumbe”, res. del 21-II-2007, entre otras)."

2) "Para el caso, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de la norma aquí impugnada al dictar sentencia en la causa I. 1658 “Franco”, sent. del 12-XI-2002 -revocando el decisorio de este Tribunal de fecha 16-II-2000-, postura que ha sido adoptada por esta Corte al pronunciarse en la causa B. 65.124 'Glaria', sent. del 16-VI-2004."

3) "En estas condiciones, es inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia y, dadas las características del proceso abierto a ese fin, es previsible que la norma impugnada se aplique al actor antes de la conclusión del mismo."

4) Texto del dispositivo final (transcrito): "Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación al escribano Gumercindo Moreno, notario titular del Registro de Escrituras Públicas N° 57 de Bahía Blanca, lo dispuesto por el art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs. del C.P.C.C.). A cuyo efecto, ofíciese. Lo anterior, bajo responsabilidad del accionante, quien previamente deberá dar caución juratoria, en Secretaría, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs. del C.P.C.C.). Regístrese y notifíquese."

¿Cómo votaron los jueces?

El juez Negri consignó su voto adhiriendo a la inconstitucionalidad conforme la doctrina de la C.S.J.N. en "Franco" y manifestó que en esa causa sostuvo en voto minoritario la inconstitucionalidad, postura luego receptada por la Corte Suprema: "En oportunidad de emitir opinión en la causa I. 1.658, 'Franco', sent. del 12-II-2000, sostuve -en voto minoritario- la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78 y sus modificatorias. Tal pronunciamiento fue luego receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación... doy mi voto en igual sentido."

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