Partido Intransigente Distrito Provincia de Buenos Aires. Demanda originaria de inconstitucionalidad, art. 12, decreto ley 9889/82 y modificatorias

¿Quién es el actor?

El presidente del Partido Intransigente del distrito Provincia de Buenos Aires, en representación del Partido Intransigente.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Junta Electoral provincial como órgano de aplicación de la normativa).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita declaración de inconstitucionalidad del artículo 12, segundo párrafo, del decreto ley 9889/82 (texto según ley 14.086) en cuanto exige para el reconocimiento de partidos provinciales contar con afiliados no inferiores al cuatro (4) por mil del registro oficial de electores en por lo menos dos secciones electorales; y se pide medida cautelar suspensiva de esa exigencia respecto del actor.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar a la medida cautelar y suspendió la exigencia del art.12, 2° párr., del dec. ley 9889/82 en cuanto obliga a alcanzar el 4‰ en al menos dos secciones electorales, respecto del Partido Intransigente, siempre que acredite un mínimo de 8.000 afiliaciones. La cautelar se hace efectiva previa caución juratoria y hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. 1. La exigencia normativa puesta aquí en crisis se presenta prima facie irrazonable y lesiva de la representación política de las minorías.

Lo primero, en cuanto no se advierte el motivo por el cual se requiere un piso de afiliados tan elevado en al menos dos secciones electorales, comparado con el que se exige para el total de secciones de ese mismo distrito. En su concreta aplicación, esa directiva determina que una agrupación política que supera holgadamente el umbral en toda la Provincia -como es el caso del Partido Intransigente que ha acreditado ante la Junta Electoral provincial un total de 21.615 afiliaciones válidas- no pueda participar en la contienda electoral.

Al mismo tiempo, pesa sobre las fuerzas políticas pequeñas el hecho de que a medida que aumenta el electorado se agravan las condiciones de cumplimiento de la cantidad de adherentes exigida para el reconocimiento de la personería política -y, también, para su mantenimiento (cfr. lo dispuesto por el art. 46 inc. "f" del dec. ley 9889/82 y modif.)-, debilitando así la posibilidad de participación y adecuada representación de la voluntad popular heterogénea que la Constitución provincial ampara en manos de las minorías (arts. 59 de la Constitución Provincial; 23, 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica)."

"III. 2. Por otro lado, según la documentación acompañada por la parte actora, durante los días 2 y 3 de julio de este año, el órgano electoral de la Provincia estaría próximo a resolver su petición y, si hiciera aplicación de la norma impugnada, la consecuencia natural resultaría en el rechazo de la rehabilitación que le permitiría participar en las próximas elecciones ... todo lo cual demuestra la existencia del peligro en la demora que la tutela provisional reclama."

"IV. Por las razones expuestas, corresponde disponer como medida cautelar la suspensión de lo establecido por el artículo 12, segundo párrafo, del decreto ley 9889/82 -texto según ley 14.086- con relación al partido político actor, en cuanto exige contar con un número de afiliados con relación al último registro oficial de electores de la Provincia no inferior al cuatro (4) por mil de por lo menos dos (2) secciones electorales, siempre que dicha agrupación acredite el piso mínimo de 8.000 afiliaciones que determina la misma norma. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos (arts. 195, 230 y conc., CPCC)."

¿Cómo votaron los jueces?

El bloque dispositivo final, suscripto por Torres, Kogan, Violini y Soria, constituye la decisión de la Corte (mayoría). No se consignan votos distintos en el dispositivo ni disidencias en el material provisto.