Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Rovarella, María Victoria s/Incidente de revisión

¿Quién es el actor?

Fisco Nacional (AFIP-DGI).

¿A quién se demanda?

Rovarella, María Victoria.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Verificación/insinuación de crédito previsional por aportes del régimen de trabajadores autónomos adeudados por la concursada.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la A.F.I.P.-D.G.I., se revocó la sentencia de la Cámara que había rechazado el incidente de revisión y se declaró verificado el crédito insinuado, conforme lo había decidido el juez de primera instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por su parte, el art. 3 del decreto 507/1993 (que modificó el art. 2 del decreto 2741/1991), atribuyó a la Dirección General Impositiva (hoy A.F.I.P.) las potestades de aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, tanto de trabajadores en relación de dependencia como de los autónomos. La ley 24.447 (art. 22) ha ratificado expresamente esta norma, en cuanto a la señalada asignación de funciones al órgano recaudador."

"De la breve reseña normativa que antecede surge clara la facultad que confiere el ordenamiento jurídico al organismo fiscal para obtener el cumplimiento compulsivo de la deuda por aportes al régimen de trabajadores autónomos, ante la omisión de su pago por parte de los afiliados."

"Se trata, como puede advertirse de su simple lectura, de un régimen excepcional, de carácter transitorio, aplicable a ciertas obligaciones generadas en un período temporal determinado; de allí que pueda inferirse -como regla general de la que se sustraen los supuestos previstos en este dispositivo- que el pago de los importes adeudados por este concepto -fuera de los casos señalados precedentemente- son susceptibles de ser ejecutados forzadamente."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se declara verificado el crédito insinuado, conforme fuera decidido en primera instancia (fs. 125/127). Las costas se imponen a la parte vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."

Observaciones sobre pruebas y presunción administrativa: El Tribunal consideró que las constancias administrativas y certificados de deuda expedidos por el organismo de recaudación gozan de presunción de legitimidad y constituyen prueba suficiente para la verificación del crédito, salvo impugnación fundada por la concursada y el síndico, lo que no ocurrió en la causa (véanse los fundamentos de los votos de Hitters y Soria).