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Tribunal Superior

Marini, Omar Angel c/Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/Demanda contencioso administrativa

El actor reclamó la reapertura del procedimiento administrativo para el reajuste de su haber jubilatorio y reconocimiento de mejor cargo y antigüedad. La Suprema Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda, anuló las resoluciones impugnadas y ordenó al I.P.S. dictar un nuevo acto ajustado a derecho, por estimar procedente el reexamen por aparecer nuevos fundamentos y pruebas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-57185
Reapertura de procedimiento Reajuste jubilatorio Equivalencia de cargos Imprescriptibilidad Art. 75 dec. ley 9650/80 I.p.s. Anulacion de resolucion administrativa Prueba documental nueva Monroy de schiano Hernandez.

¿Quién es el actor?

Omar Angel Marini.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires - Instituto de Previsión Social (I.P.S.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pretende la anulación de las resoluciones del I.P.S. de 21-VII-1994 y 12-VII-1995 que denegaron la reapertura del procedimiento tendiente a obtener el reajuste del haber jubilatorio (reconocimiento del mejor cargo desempeñado en el Hipódromo de La Plata durante 1978-1983, correlacionado con la ley 10.430, y el cómputo de la antigüedad total de 36 años), y el pago de las diferencias con actualización, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Corte hizo lugar parcialmente a la demanda, anuló las resoluciones impugnadas y condenó al Instituto de Previsión Social a dictar un nuevo acto ajustado a derecho. Costas por su orden. Regulados honorarios al apoderado del actor.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En primer lugar, entiendo que no corresponde pronunciarse acerca de la procedencia o no del reajuste de haberes del accionante en los términos planteados en el escrito de demanda en tanto que la resolución dictada en la esfera administrativa se limitó a rechazar la reapertura del procedimiento, sin expedirse sobre tal petición. De acuerdo con reiterada doctrina del Tribunal no corresponde decidir respecto de aquellos planteos que se refieran a cuestiones que no han sido materia de debate y decisión en la instancia previa. Ello en atención al carácter revisor propio de la competencia transitoria en materia contencioso administrativa asignada a esta Corte (cf. art. 215, Const. prov.; id. doct. causas B. 51.689, “Barrio”, sen. del 13-IV-1989; B. 52.404, “Leone”, sent. del 29-IX-1992).

Por lo tanto, la cuestión a dilucidar en la causa se circunscribe a la determinación de si asistía o no derecho al actor a obtener de la Administración la reapertura del procedimiento administrativo y el consiguiente reexamen de su situación previsional en orden al reajuste de su haber, así como la aplicación del criterio sustentado en el precedente jurisprudencial causa B. 52.640, “Hernández” invocado."

"Resulta aplicable al caso la posición de la mayoría del Tribunal en la causa B. 50.905, “Monroy de Schiano”, sent. del 4-X-1988. ... El Superior Tribunal señaló entonces ... que esta Corte no podía desoír el reclamo del justiciable con fundamento en que la cuestión ya había sido objeto de pronunciamiento firme en sede administrativa, siendo que un reclamo similar había sido reconocido a otros afiliados que se hallaban en la condición del actor. Consideró asimismo que la ratificación de la denegatoria administrativa a reexaminar la cuestión sobre la base de un antecedente jurisprudencial aparecía revestida de un injustificado rigor formal, incompatible con derechos que por su índole asistencial, contaban con amparo constitucional (causa B. 52.066 citada, sent. 2-II-1993)."

"En mérito a las razones expuestas propicio hacer lugar parcialmente a la demanda, anulando las resoluciones impugnadas y condenando al Instituto de Previsión Social a dictar un nuevo acto ajustado a derecho.

Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Juez Laborde votó por la negativa, entendiendo que la presentación del 1º-VI-1993 se fundaba en cuestiones de derecho y en jurisprudencia posterior y que la negativa administrativa a la reapertura fue ajustada a derecho. La decisión mayoritaria (bloque dispositivo final) impone la solución de la mayoría (hacer lugar parcialmente y ordenar nuevo acto).

Leyes que cita

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