Torres, Javier Alejandro c/Provincia de Buenos Aires (Policía) s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la resolución que dispuso su baja por cesantía y su reincorporación con pago de haberes. La Suprema Corte, por mayoría, rechazó la demanda y confirmó la cesantía al considerar que la Administración reunió pruebas suficientes y actuó dentro del marco de los arts. 58 inc. 15 y 66 del dec. ley 9550/1980, sin arbitrariedad manifiesta.
¿Quién es el actor?
Javier Alejandro Torres.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (Policía).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la resolución II-2 nº 81 del 11-vi-1992 que dispuso su baja por cesantía (art. 58 inc. 15, dec. ley 9550/1980), la nulidad del decreto 1189/1994 que confirmó la baja, su reincorporación y el pago de indemnización por salarios dejados de percibir con intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se rechazó la demanda en todas sus partes y se confirmaron las disposiciones administrativas que dieron la baja por cesantía.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La conducta del agente fue encuadrada en el art. 58 inc. 15 del dec. ley 9550/1980 que contempla dicha pena ante la comprobación de '...todo acto que afecte gravemente la disciplina o la responsabilidad de la Institución'. Ello a raíz de la denuncia del propietario de un automotor secuestrado en la vía pública el 4-VII-1987 por personal del Comando Radioeléctrico a las ordenes de Torres sobre la falta de autopartes y herramientas entonces sacados del vehículo y puestos en la vereda ante la presencia de vecinos, cuyos testimonios desvirtuaron la constancia policial de que el rodado carecía de los mismos al efectuarse la diligencia, dando lugar a un proceso penal por el presunto delito de malversación."
"En la presente causa la circunstancia de que la Justicia en lo Criminal haya considerado que no resultaba de las constancias de autos debidamente justificada la responsabilidad penal del prevenido Javier Alejandro Torres en orden al delito de malversación y lo sobreseyera definitivamente (fallo del 18-V-1992 del Juzgado Criminal nº 8, Secretaría nº 16 de La Plata; fs. 186, causa 57.791) no incide en las conclusiones del sumario administrativo, pues en éste no se llevó a cabo la investigación de una conducta delictiva, ni se sancionó al agente por haber cometido un delito, sino que su sustanciación obedeció a la necesidad de establecer si aquél había incurrido en una falta a los deberes propios de la función que cumplía, falta que debidamente comprobada dio ocasión a que se le aplicara una sanción de naturaleza exclusivamente disciplinaria."
"Concluyo así que la sanción cuestionada no padece los vicios aducidos ya que ha sido dictada en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento en el que la Administración reunió pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por el agente en la oportunidad que tuvo de efectuar su descargo y ofrecer las que hacían a su derecho..., por lo que no cabe sino el rechazo de la pretensión actora."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Ghione votó en sentido contrario proponiendo anular la decisión administrativa y devolver las actuaciones para nueva resolución, por considerar que no quedó acreditada la intervención del oficial en el secuestro ni que los testimonios reunidos en sede administrativa justificaran la cesantía, y que parte de las pruebas invocadas fueron rectificadas en sede penal. Texto resumen de su conclusión: "de los diversos elementos en que se basó la libre convicción de la responsabilidad administrativa de Torres sólo la declaración testimonial prestada en sede administrativa por Gustavo Roberto Mirando ... resulta ser el único elemento de cargo computable contra el nombrado... debe anularse la decisión impugnada y devolverse los autos para que se resuelva nuevamente conforme a derecho."
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