Telefónica de Argentina SA contra Municipalidad de San Isidro. Demanda contencioso administrativa.
La actora promovió demanda contencioso administrativa para anular los decretos municipales que denegaron la autorización para instalar una torre antena en el área de maniobras de la estación Boulogne. La Suprema Corte rechazó la demanda porque los decretos están razonablemente fundamentados, encuadrados en la potestad municipal de ordenamiento urbanístico y no constituyen obstaculización inconstitucional del servicio de telecomunicaciones.
Quién demanda (Actor)
Telefónica de Argentina SA.
A quién se demanda (Demandado)
Municipalidad de San Isidro.
Qué se reclama (Objeto de la demanda)
Anulación de los decretos municipales 1.734/00 y 1.276/01 que denegaron la autorización para construir una torre tipo antena con instalaciones de transmisión y sala de equipos en el inmueble ubicado en el área de maniobras de la estación Boulogne (Virrey Vértiz y Rivera), e intimación para el retiro de las estructuras.
Qué se resolvió (Decisión del tribunal)
Se rechazó la demanda en su totalidad; se confirmó la validez de los decretos municipales y se impusieron costas por su orden. Se regularon honorarios de letrados y peritos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En definitiva, la Administración comunal, a más de llevar a cabo un escrutinio de lo actuado en el expediente administrativo, resolvió el asunto a la luz de lo normado en el art. 1.2.2.12. del Código urbanístico, ponderó los antecedentes fácticos y sopesó las cuestiones técnicas y ambientales involucradas y finalmente desestimó la solicitud de conformidad con lo aconsejado por la Dirección de Ordenamiento Urbano y el dictamen del Asesor Ambiental municipal. Bajo esos fundamentos lo decidido lejos está de mostrarse reñido con el ordenamiento, como se denuncia. Sobre todo, cuando la actora no ha demostrado que la localización pretendida es la más apropiada técnicamente y que no existen otras alternativas de emplazamiento posibles para garantizar la prestación del servicio.
Es claro que la Municipalidad de San Isidro buscó tutelar el interés público comprometido en materia urbano-ambiental al impedir la culminación de una obra que, al margen de haberse llevado a cabo sin previa noticia a la autoridad competente, carecía de los recaudos necesarios para gozar de estado legal."
"En conclusión, los decretos 1.734/00 y 1.276/01 del Intendente municipal de San Isidro se exhiben como decisiones razonablemente evaluadas, debidamente fundadas y encuadrables dentro del ámbito de atribuciones locales.
Por todo lo dicho, la demanda entablada carece de virtualidad para privar de validez a los actos cuestionados. Consecuentemente, juzgo que ella debe rechazarse en su totalidad."
(Voto del señor juez doctor Soria, suscripto por Pettigiani, Kogan y Genoud; acuerdo final: "Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden.")
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