JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Sarmiento, Leonardo Andrés contra Ministerio de Seguridad y ot. Accidente de Trabajo-Acción Especial.

El actor reclamó reparación integral por afecciones invalidantes derivadas de un accidente de trabajo, solicitando $800.000. La Corte rechazó el recurso extraordinario de la parte actora y, en cambio, hizo lugar al recurso extraordinario de la Provincia demandada respecto de la regulación de honorarios de peritos, casando esa parte de la sentencia y ordenando al tribunal de origen que la vuelva a regular en función del monto que verosímilmente hubiera correspondido de admitirse la demanda.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-117723
Recurso extraordinario Prescripcion Incapacidad laboral Reparacion integral Cosa juzgada Honorarios peritos Ley 24.557 Ley 8904 (arancel) Monto reclamado $800.000 Devolucion al a quo para nueva regulacion.

¿Quién es el actor?

L. A. S., policía provincial (cabo 1°).

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad; Provincia de Buenos Aires; Provincia A.R.T. S.A. (aseguradora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación integral de daños por afecciones invalidantes (daños y perjuicios) derivadas de accidente ocurrido el 28/01/2002; monto reclamado $800.000; en subsidio pretensiones emergentes de la ley 24.557.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor; concedió el recurso extraordinario de la Provincia de Buenos Aires relativo a la regulación de honorarios de peritos, revocó esa parte de la sentencia y ordenó devolver los autos al tribunal de origen para que, con renovada integración, vuelva a regular los honorarios partiendo del monto que verosímilmente hubiera correspondido al actor de prosperar la demanda.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por consiguiente, corresponde rechazar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, C.P.C.C.)." (voto que resuelve el recurso del actor).

Sobre prescripción y valoración de la fecha de conocimiento de la incapacidad: "determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, también el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción constituye una cuestión de hecho reservada a la apreciación de los jueces de grado, no revisable en casación, salvo absurdo." (fundamento para rechazar el agravio).

Respecto de cosa juzgada: "de su lectura emerge con nitidez que, tras haber declarado prescripta -precisamente- la acción por daños y perjuicios... el a quo abordó el tratamiento de la cosa juzgada opuesta por la aseguradora de riesgos del trabajo únicamente desde la perspectiva de la reparación contemplada en la ley 24.557." (motiva rechazo del agravio sobre cosa juzgada).

Sobre honorarios de peritos (agravio de la Provincia y decisión favorable): "En consecuencia, si la solución que dejo formulada es compartida, procede hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el fallo apelado (art. 289 del C.P.C.C.). Los autos deben volver al tribunal de origen para que -con renovada integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiera correspondido al actor. Cumplido ello, el a quo procederá a regular nuevamente, y sobre esa base, los honorarios de los peritos..." (ap. IV del voto sobre la segunda cuestión).

Hechos probados y montos relevantes consignados por el tribunal de origen (relatados y no revocados en lo esencial): el actor sufrió luxación de hombro derecho el 28/01/2002; la Comisión Médica Central otorgó 3,50% (21-II-2003) y la médico forense corrigió a 8,77% (13-I-2004); dictamen pericial psiquiátrico concluyó incapacidad psíquica permanente 50%; la Sala III Cámara Federal de la Seguridad Social imputó 22,07% y la notificación de esa sentencia tuvo fecha 9/11/2004; la demanda se promovió el 21/02/2007; el reclamo inicial fue por $800.000.

Regulación de honorarios que motivó el recurso: el tribunal de origen fijó $24.000 para cada perito (dos médicos y un contador), total $72.000, que recayeron en la Provincia de Buenos Aires por aplicación del beneficio del art. 22 de la ley 11.653 y la solidaridad del art. 58 del arancel. La Corte sostuvo que dicha regulación, basada en el capital reclamado, podía ser inmoderada y ordenó su nueva mensura conforme a la doctrina que exige tomar como base el monto que verosímilmente hubiera correspondido al actor de prosperar su reclamo.

¿Cómo votaron los jueces?

Votaron por la negativa al recurso del actor: De Lázzari (voto fundante), Negri, Pettigiani y Kogan (adhieren).

En la segunda cuestión (honorarios) los mismos jueces hicieron lugar al recurso de la Provincia y propusieron casar la sentencia y devolver los autos al a quo para nueva regulación (mayoría unánime entre los jueces que integraron el acuerdo).

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