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Tribunal Superior

Arnaldi, Justo Pastor y ot. contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ot. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Acción anulatoria de pasivos que reclamaban la correlación de haberes conforme a la jerarquía de Mayor prevista en la ley 13.982. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y confirmó la validez del reescalafonamiento y de la correlación reglamentaria asegurada por el decreto 3.000/10, por no advertirse lesión constitucional ni error en la valoración.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-74739
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Reescalafonamiento Correlacion de haberes Ley 13.982 Decreto 3.000/10 Derecho adquirido Igualdad Movilidad previsional Costas

¿Quién es el actor?

Arnaldi, Justo Pastor y otros, ex integrantes de la Policía provincial en situación de pasividad.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la anulación/aplicación distinta del art. 76 y Anexo II de la ley 13.982 (vinculado con el decreto 3.000/10 y art. 27 ley 13.236) para que los haberes previsionales de los actores en pasividad se liquiden conforme a la jerarquía de Mayor del nuevo régimen, denunciando retrogradación, vulneración del principio de igualdad, progresividad y derecho adquirido.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Corte entendió que el reescalafonamiento y la correlación de cargos dispuesta por la ley 13.982 y por el decreto 3.000/10 respetaron la identidad con el reescalafonamiento legislativo para activos y no constituyen vulneración constitucional. Se imponen las costas a la recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. El recurso no prospera.

III.1. Los impugnantes señalan que obtuvieron su calidad de pasivos revistando en los grados de Teniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en vigencia de la ley 13.201 ... y que luego, con la sanción de la ley 13.982 fueron mal equiparados. Aducen que tal correlación salarial motivó que quienes se habían retirado en los últimos grados de su carrera ... hoy se encuentren relegados salarialmente en dos grados respecto al nuevo escalafón instituido por la ley 13.982, lo que resulta una afectación de la proporcionalidad, igualdad, movilidad y progresividad impuestas por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.

III.2.a. Del análisis de las normas aplicables al caso, surge que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80, y el de la ley 13.201 (luego sustituida por la ley 13.982) y el decreto 1.766/05, en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encuentran en actividad.

III.2.b. De allí que no merece reproche lo decidido por el tribunal en orden a que no se advierte un trato discriminatorio hacia la situación jurídica de los accionantes, y en que la discriminación que predican los recurrentes no se aviene a un criterio de equivalencia en el que los años de servicio de los actores, ni su transcurso por los niveles que pregonan, puedan considerarse fuente suficiente para condicionar el ejercicio de una potestad que sólo ha procurado nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos han clausurado su situación en la carrera en el preciso momento de obtener el beneficio consecuente (conf. doctr. causa A. 73.211, "Balbastro", sent. de 25-IV-2018)."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión se adoptó por mayoría (bloque dispositivo final) rechazando el recurso. Los votos individuales (Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani y Torres) coincidieron en la negativa y se dirigieron a sostener que no se acreditó lesión constitucional ni error de apreciación ni discriminación arbitraria. El acuerdo final dispone expresamente el rechazo y la imposición de costas a la recurrente.

Leyes que cita

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