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Tribunal Superior

Pereyra, Carmen Ramón c/LU 91 TV Canal 12 Trenque Lauquen s/Acción de amparo

El actor promovió amparo contra LU 91 TV Canal 12 solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto 894/2001 por establecer incompatibilidad entre percepciones jubilatorias y retribución pública. La Corte, por mayoría, hizo lugar al recurso extraordinario, revocó la sentencia apelada y rechazó el amparo al considerar que el decreto regula un régimen específico de incompatibilidades aplicable al personal de la Administración Pública nacional y que no existe ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
AC-84606
Amparo Incompatibilidades Decreto 894/2001 Ley 24.241 art. 34 Ilegalidad manifiesta Potestad reglamentaria Administracion publica nacional Recurso extraordinario Revocatoria Derecho previsional

¿Quién es el actor?

Carmen Ramón Pereyra.

¿A quién se demanda?

LU 91 TV Canal 12 Trenque Lauquen (empresa dependiente del Poder Ejecutivo nacional).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo con petición de suspensión y declaración de inconstitucionalidad del decreto 894/2001 que establece la incompatibilidad entre la percepción de un beneficio previsional y el cobro de salario por desempeño en la Administración Pública nacional.

¿Qué se resolvió?

por mayoría se hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la demandada, se revocó la sentencia que había hecho lugar al amparo y se rechazó la acción de amparo, con costas. Depósito previo a reintegrar al interesado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Mayoría (votos de Pettigiani, Roncoroni, Soria, de Lázzari y Hitters). Extractos relevantes (texto original):

"El decreto 894/2001, entonces, no deroga ni modifica la ley 24.241 sino que establece un régimen específico para aquellos pasivos que, simultáneamente, son dependientes de la Administración Pública nacional y que por tal circunstancia se encuentran sujetos a especiales disposiciones de derecho público." (voto del Dr. Pettigiani)

"En suma, el decreto 894/2001, integra el complexo de normas jurídicas de derecho publico que regulan las conductas de quienes, como el amparista..., son dependientes de la Administración nacional y, por ello, estaba sujeto al régimen de incompatibilidades que desde antaño tenía vigencia por delegación expresa derivada de una ley en sentido formal y material." (voto del Dr. Roncoroni)

"Teniendo en cuenta los citados preceptos, soy de la opinión que el esquema que el cuestionado decreto 894/2001 instrumenta... lejos de implicar la derogación de un derecho establecido por la ley 24.241... autolimita una potestad discrecional de la Administración conferida por la ley 25.164..." (voto del Dr. Soria)

Los magistrados sostienen que existe una clara distinción de campos de aplicación entre la ley previsional (art. 34, ley 24.241) y el decreto cuestionado, que regula específicamente incompatibilidades en la Administración Pública nacional; que el decreto se encuadra en facultades del Poder Ejecutivo en materia de empleo público y modernización administrativa y que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilite el amparo.

¿Cómo votaron los jueces?

"La transgresión constitucional es manifiesta."

"Por vía de la ejecución de atribuciones reglamentarias, el Presidente alteró el espíritu de la ley previsional al agregar un supuesto de incompatibilidad no previsto en ella, configurando un claro exceso del Poder Ejecutivo (art. 99 incs. 1 y 2)."

"La determinación del supuesto de incompatibilidad entre el haber previsional y el remuneratorio sólo puede ser fijado por otra norma de jerarquía legal que derogue o modifique la prescripción del art. 34 de la ley 24.241 (t.o., ley 24.463)."

El voto en minoría entiende que el decreto invade el ámbito reglamentario y altera el espíritu de la ley previsional, constituyendo ilegalidad manifiesta que habilita el amparo; la mayoría, en cambio, consideró aplicable el régimen específico y no advirtió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

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