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Tribunal Superior

Aguirre, Julio César y otro c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

La actora reclamó reconocimiento/restablecimiento del haber previsional frente a la Caja de Jubilaciones aplicando normativa previa al hecho generador. La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, revocó la sentencia de la Cámara y confirmó la medida cautelar dictada por el juez de primera instancia por existir verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-72242
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Medida cautelar Jubilaciones Ley 11.761 Inconstitucionalidad Verosimilitud del derecho Peligro en la demora Corte provincial Costas a la vencida

¿Quién es el actor?

Aguirre, Julio César y la coactora Ilda Melian.

¿A quién se demanda?

Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos previsionales y mantenimiento de la liquidación del haber conforme a la ley vigente a la fecha del hecho generador; se solicitó medida cautelar para que la Caja se abstenga de aplicar determinadas disposiciones de la ley 11.761.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revocó la sentencia de la Cámara que había dejado sin efecto la medida cautelar y se mantuvo lo decidido por el juez de primera instancia (pronunciamiento de fs. 235/238). Costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como ha dicho esta Corte en reiteradas oportunidades, la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, motivo por el cual la procedencia de toda medida precautoria no exige de los jueces un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino verificar la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible –arts. 22 incs. 1.a y 1.b de la ley 12.008, conf. texto ley 13.101 y 230 del Código Procesal Civil y Comercial- (conf. causas I. 1947, "Bruno de Monterrubianesi", resol. del 5-X-2005; I. 68.807, "Madueño", resol. del 10-X-2007, entre otras; C.S.J.N. Fallos 306:2060; 313:521; 318:2375; 314:711). A ello cabe sumar la no afectación del interés público involucrado (art. 22 inc. 1.c del Código mencionado)."

"La inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 55, 56 segundo párrafo y 57 de la ley 11.761 —normas que resultan objeto de impugnación en autos— fue declarada por este Tribunal con fecha 1° de junio de 2005, al dictar sentencia definitiva en los autos I. 1888, 'Donnarumma Enrique s/Inconstitucionalidad ley 11.761', hecho que otorga suficiente verosimilitud al derecho pretendido por la parte actora (doct. causa I. 69.258, 'Borghetti', resol. del 8-VIII-2012)."

"Sobre la base de tal premisa, ha de precisarse que a los fines del examen cautelar que nos ocupa, las constancias de fs. 219 del sub lite permiten considerar que se encuentra demostrado el presupuesto analizado en relación a la recurrente. Ello así, toda vez que se ha acreditado una situación de hecho similar a la existente en otros casos en los que este Tribunal admitió este tipo de medidas ... en tanto la documentación agregada da cuenta de la avanzada edad y el delicado estado de salud del peticionante. Estas circunstancias no han sido ponderadas por la Cámara en el decisorio impugnado."

Voto por la afirmativa. Costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine del C.P.C.C.). Los señores jueces doctores Kogan, Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.

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