Levin, Héctor José. Quiebra
El fallido Héctor José Levin impugnó la subasta de su inmueble invocando la ley provincial 13.302 que suspende ejecuciones hipotecarias sobre vivienda única. La Corte provincial rechazó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad al entender que la subasta se dicta en la etapa liquidativa de una quiebra regida por la ley 24.522, norma de carácter federal que impide aplicar la suspensión provincial.
¿Quién es el actor?
Héctor José Levin (fallido), recurriente en los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
¿A quién se demanda?
Se impugna la confirmación por la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás; en el proceso intervienen el Síndico y el Banco Río como acreedor hipotecario.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Suspensión de la subasta del inmueble de su propiedad invocando la ley provincial 13.302 y sus prórrogas (protección de la vivienda única), y alegada vulneración de garantías constitucionales provinciales y nacionales y de instrumentos internacionales.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, con costas al vencido. La Corte sostuvo que la normativa nacional falencial (ley 24.522) resulta aplicable en la etapa de liquidación de la quiebra y que la ley provincial de suspensión de ejecuciones hipotecarias no es operativa en este proceso colectivo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el sub lite la Cámara brindó un tratamiento expreso a las cuestiones introducidas por el recurrente en su expresión de agravios, al decidir que la ley 13.302 y sus sucesivas prórrogas no son aplicables al caso de autos, quedando desplazados el resto de los temas planteados por la forma en que fue dirimida la incidencia.
En el fondo, tal como advierte el señor Subprocurador General en su dictamen, el planteamiento del impugnante se dirige a cuestionar el acierto del decisorio, por lo que no siendo atingente a esta vía analizar el mérito de lo resuelto, el medio de impugnación intentado debe ser desestimado."
"En suma, el quejoso no se hace cargo de que el sub lite no constituye una ejecución hipotecaria, sino que estamos en la etapa de liquidación de un proceso de quiebra pedida por el propio deudor que adoptó libremente este trámite (v. en este sentido lo expresado a fs. 9 del escrito inicial), proceso regido por la ley 24.522."
"Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas (arts. 68 y 298, C.P.C.C.)."
(Votos de Genoud, Hitters y de Lázzari adhieren por las mismas razones. Se destaca la preeminencia del régimen falencial nacional sobre la aplicación de la norma provincial en el proceso colectivo de quiebra.)
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